Una decisión urgente y necesaria

La regularización de los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia hasta el 31 de enero, mediante la expedición de un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), es una excelente iniciativa del presidente Iván Duque, que hay que aplaudir. Este decreto no es solo un acto de verdadera fraternidad con los casi dos millones de migrantes del país vecino, que huyen de la dictadura, sino que les permitirá contar con una vida mucho más digna en nuestro país, a la que tienen merecido derecho. Además, se convierte en un gran ejemplo humanitario para la comunidad internacional.

Este mecanismo ofrece protección, inicialmente de diez años, a la población migrante venezolana. El objetivo es otorgarles la regularización temporal para que su integración social se haga de forma ordenada y bajo criterios jurídicos precisos. Estos derechos y deberes que adquieren implican no solo una serie de obligaciones que deberán cumplir, sino que, especialmente, los protege de los eventuales abusos que puedan sufrir por parte de empleadores sin escrúpulos que se aprovechan para pagarles salarios más bajos y sin ningún tipo de beneficios sociales. Podrán entonces contar con el acceso a una actividad u ocupación legal amparados por un contrato laboral.

Esta medida adoptada por el Gobierno ubica a Colombia en un lugar de liderazgo dentro de la comunidad internacional, pues se convierte en un referente en este campo. El alto Comisionado de la Acnur, Filippo Grandi, dijo que el anuncio es “el gesto humanitario más importante que se ha hecho en el continente desde la Declaración de Cartagena en 1984 (…) es un gesto emblemático para la región e inclusive para el mundo. Esta iniciativa es una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo”. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que se necesita “la solidaridad de todos con quienes más lo necesitan y sufren una cruel dictadura”. Tienen toda la razón.

En sus aspectos prácticos, el nuevo Estatuto beneficiará a los migrantes regulares que ya son titulares del Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), del Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, y también beneficiará a quienes se encontraban en situación irregular hasta finales de enero. Igualmente, podrán acreditar su permanencia en el país si desean aplicar para una Visa de Residente. Según las cifras de Migración Colombia, de los más de cinco millones de migrantes venezolanos, para finales del año anterior un 34% se encontraba en el país, es decir 1′729.000 personas. Más allá de las frías cifras, cada uno de ellos es un ser humano de carne y hueso que tiene una historia personal y, en su inmensa mayoría, deseos de aportar al país con su trabajo honrado. Adicionalmente, el ministro de Salud mencionó la creación de un observatorio de salud enfocado en esta población migrante.

El paso dado debe convertirse adicionalmente en una medida destinada a frenar cualquier brote de xenofobia contra los hermanos venezolanos. Se ha dicho en muchas ocasiones, y no está de más repetirlo cuantas veces sea necesario, que así como Venezuela recibió a un importante número de compatriotas desde hace 50 años, un país de migrantes como lo es Colombia tiene la obligación moral y humanitaria de dar la mano a quienes, en su inmensa mayoría, padecen en su país la represión, el hambre, la falta de un sistema mínimo de salud y educación, el desempleo, la inflación, la inseguridad y muchos otros problemas derivados del régimen ilegítimo que tienen que soportar.

Con esta medida, el manido tema de la solidaridad entre colombianos y venezolanos deja de ser una frase de cajón para discursos grandilocuentes, y se convierte en una realidad que debe enorgullecernos a todos. El presidente Iván Duque ha dado un paso muy importante en la dirección correcta y los beneficios mutuos no se harán esperar.