En medio de un déficit fiscal creciente y de tantas necesidades de recursos del Gobierno, siempre aparecen los ortodoxos de la economía a proponer la reducción de algunos de los costos parafiscales como salida al problema fiscal (en el entendido que sería el Gobierno el que recogería parte de dichos recursos, como hizo en la última reforma tributaria) y como medio para generar más empleo.
Quienes defienden esto último, lo hacen siempre con el argumento según el cual dichos costos laborales adicionales son la fuente de mayores niveles de desempleo.
Lo primero a decir es que esta última correlación no está suficientemente demostrada y no es cierto que si reducimos los costos parafiscales inmediatamente bajará el desempleo. Así no funciona la racionalidad de un empresario. Muchas veces dichos ahorros se convierten en ahorros de capital y no necesariamente en más generación de empleo. Lo segundo a decir es que el Gobierno por lo general no será el más eficiente y efectivo ejecutor de política social, prueba de lo cual es el fracaso en muchas entidades públicas en salud, educación, crédito o vivienda.
A pesar de lo anterior, es ya costumbre nacional insistir en la reducción de los costos parafiscales sin distingo y en este camino confluyen no sólo los actores de Gobierno, sino también partidos políticos. Y si el argumento a usar es el de la ortodoxia económica, pues no habría mucho más que decir.
Pero ese criterio no es ni suficiente ni competo, y menos lo es en un modelo de país radicalmente distinto al de hace algunos años. En los últimos diez años Colombia ha multiplicado casi que por dos su clase media y ha reducido a la mitad los niveles de pobreza extrema y relativa. Según estudios recientes del Banco Mundial, Colombia es un ejemplo para el mundo y América Latina con dicho resultado.
Pero dicho avance no viene sin compromisos. La clase media reclama estabilidad social, económica y política, generación activa de empleo estable, cubrimientos sociales de mediano y largo plazo incluidos sistemas de seguridad social, sistemas tributarios eficientes y equitativos, apoyo al emprendimiento y créditos para el desarrollo de las pymes, ética en los negocios y en el gobierno, y políticas sociales activas que garanticen una vida digna y con cultura, educación, recreación y vivienda de calidad. En otras palabras, la clase media pujante supone un nuevo modelo de contrato social.
En este nuevo marco la pregunta es cómo nos preparamos como nación para garantizar lo anterior o qué tanto somos conscientes de ello. Pues uno de los caminos para defender esa clase media son justamente las cajas de compensación, que lo han demostrado históricamente con programas de vivienda social, educación preescolar, media y superior de calidad, recreación y hotelería, microcréditos, fondos para la niñez desamparada y acceso subsidiado a salud especializada, eficiente y de alta complejidad.
Por eso se entiende sólo como necedad que en Colombia algunos pretendan desvirtuarlas y destruir un modelo propio de 60 años que muchos extranjeros quisieran tener. Si el argumento son los malos manejos de algunas, que todo el peso de la ley les caiga encima, pero ello no puede tirar por la borda un sector que ha respondido a las necesidades de la clase trabajadora, a la población de la economía informal y en general a sectores desprotegidos y vulnerables. Un modelo en el que empresarios y trabajadores participan por igual en las decisiones y demuestran que sí se puede trabajar como equipo.
Poner en riesgo las cajas es poner en riesgo nuestra sostenibilidad social. Las clases medias serán las primeras que, con razón, harán exigibles los derechos, tal como sucede hoy en Chile y otros países de la región.
Pero es obvio, quien “muellemente” disfruta de su propio club social, tiene acceso a un banco sin restricciones, tiene finca, adquiere medicina prepagada, disfruta de obras de teatro y musicales en Colombia y el exterior, y ya tiene vivienda propia, nunca entenderá que hay otros para quienes a ese tipo de servicios sólo se tiene acceso vía cajas de compensación.
Desafortunadamente suelen ser algunos de los primeros los que le encuentran sentido a reducir estos mecanismos de protección social.
En medio de un déficit fiscal creciente y de tantas necesidades de recursos del Gobierno, siempre aparecen los ortodoxos de la economía a proponer la reducción de algunos de los costos parafiscales como salida al problema fiscal (en el entendido que sería el Gobierno el que recogería parte de dichos recursos, como hizo en la última reforma tributaria) y como medio para generar más empleo.
Quienes defienden esto último, lo hacen siempre con el argumento según el cual dichos costos laborales adicionales son la fuente de mayores niveles de desempleo.
Lo primero a decir es que esta última correlación no está suficientemente demostrada y no es cierto que si reducimos los costos parafiscales inmediatamente bajará el desempleo. Así no funciona la racionalidad de un empresario. Muchas veces dichos ahorros se convierten en ahorros de capital y no necesariamente en más generación de empleo. Lo segundo a decir es que el Gobierno por lo general no será el más eficiente y efectivo ejecutor de política social, prueba de lo cual es el fracaso en muchas entidades públicas en salud, educación, crédito o vivienda.
A pesar de lo anterior, es ya costumbre nacional insistir en la reducción de los costos parafiscales sin distingo y en este camino confluyen no sólo los actores de Gobierno, sino también partidos políticos. Y si el argumento a usar es el de la ortodoxia económica, pues no habría mucho más que decir.
Pero ese criterio no es ni suficiente ni competo, y menos lo es en un modelo de país radicalmente distinto al de hace algunos años. En los últimos diez años Colombia ha multiplicado casi que por dos su clase media y ha reducido a la mitad los niveles de pobreza extrema y relativa. Según estudios recientes del Banco Mundial, Colombia es un ejemplo para el mundo y América Latina con dicho resultado.
Pero dicho avance no viene sin compromisos. La clase media reclama estabilidad social, económica y política, generación activa de empleo estable, cubrimientos sociales de mediano y largo plazo incluidos sistemas de seguridad social, sistemas tributarios eficientes y equitativos, apoyo al emprendimiento y créditos para el desarrollo de las pymes, ética en los negocios y en el gobierno, y políticas sociales activas que garanticen una vida digna y con cultura, educación, recreación y vivienda de calidad. En otras palabras, la clase media pujante supone un nuevo modelo de contrato social.
En este nuevo marco la pregunta es cómo nos preparamos como nación para garantizar lo anterior o qué tanto somos conscientes de ello. Pues uno de los caminos para defender esa clase media son justamente las cajas de compensación, que lo han demostrado históricamente con programas de vivienda social, educación preescolar, media y superior de calidad, recreación y hotelería, microcréditos, fondos para la niñez desamparada y acceso subsidiado a salud especializada, eficiente y de alta complejidad.
Por eso se entiende sólo como necedad que en Colombia algunos pretendan desvirtuarlas y destruir un modelo propio de 60 años que muchos extranjeros quisieran tener. Si el argumento son los malos manejos de algunas, que todo el peso de la ley les caiga encima, pero ello no puede tirar por la borda un sector que ha respondido a las necesidades de la clase trabajadora, a la población de la economía informal y en general a sectores desprotegidos y vulnerables. Un modelo en el que empresarios y trabajadores participan por igual en las decisiones y demuestran que sí se puede trabajar como equipo.
Poner en riesgo las cajas es poner en riesgo nuestra sostenibilidad social. Las clases medias serán las primeras que, con razón, harán exigibles los derechos, tal como sucede hoy en Chile y otros países de la región.
Pero es obvio, quien “muellemente” disfruta de su propio club social, tiene acceso a un banco sin restricciones, tiene finca, adquiere medicina prepagada, disfruta de obras de teatro y musicales en Colombia y el exterior, y ya tiene vivienda propia, nunca entenderá que hay otros para quienes a ese tipo de servicios sólo se tiene acceso vía cajas de compensación.
Desafortunadamente suelen ser algunos de los primeros los que le encuentran sentido a reducir estos mecanismos de protección social.