En las últimas tres semanas hemos conocido dos hechos que, en lo social, político y económico, representan hitos históricos en la construcción de nación.
El primero fue la entrega de más de 7.000 armas personales de la guerrilla, sin perjuicio de que aún hacen falta más de 900 caletas de material bélico y que esperamos sean entregadas hacia el final de 2017.
El segundo fue la cuantificación y desglose oficial de los costos del posconflicto y su inclusión en el marco fiscal de mediano plazo.
Tristemente, ambos hechos han pasado relativamente desapercibidos en el país y ya son varios los estudios que intentan explicar las causas. Una razón para esto podría ser que los colombianos solemos acostumbrarnos y normalizar lo que vivimos, por bueno o malo que sea.
Para no ir muy lejos, por más de 50 años nos acostumbramos a la violencia y a pesar de ello crecimos como pudimos. Es muy probable que ahora la mayoría de colombianos se acostumbró ya a la evidente disminución de las masacres, de las tomas de pueblos, de los asesinatos y del terrorismo, y cree que eso es normal.
Pero otra razón posible para el desgano con los acontecimientos recientes es que la mayoría de los colombianos aún no percibe en su propia realidad económica familiar el impacto favorable de los acuerdos de paz, que se había descrito oficialmente como el dividendo de la paz en crecimiento, llegada de inversión extranjera, generación de empleo y mejoramiento de los ingresos de las familias.
Aún no ven palpable esos puntos porcentuales adicionales de crecimiento económico, que muchos esperaban que fuese más rápido de lo posible. Por el contrario, la firma de los acuerdos se ha dado en medio de una dura desaceleración económica, que ya empezó a cobrar negativamente los logros de empleo y que tiene golpeada la confianza de los consumidores y del sector empresarial.
Lograr el dividendo de la paz, y con ello la conexión de la mayoría de colombianos con el proceso, necesariamente pasa por garantizar el sano equilibrio de la ecuación económica del posconflicto: de un lado está la ya valorada inversión de paz y, por el otro, la urgencia de que existan suficientes fuentes de financiamiento para lograr lo anterior.
De lo que se incluyó para construir la paz en el marco fiscal, destaco la claridad de que se trata de $130 billones en 15 años y que pone en el centro el tema agrícola (85 % de inversión), incluidos los asuntos de tierras, el desarrollo productivo, la asistencia técnica y el cierre de brechas de pobreza entre lo rural y lo urbano. La inversión prevista tiene, además, un gran capítulo de sustitución de cultivos y de respuesta a las víctimas.
Lo que aún no cuadra de la ecuación, y es donde se necesita atención, es, justamente, lo que se prevé de financiamiento para dichas inversiones.
Francamente, la previsión de ingreso del marco fiscal es excesivamente optimista y para la muestra solamente tres hechos: prevé un crecimiento del PIB en este año del 2,3 %, que ya ni siquiera contemplan el Banco Central ni los organismos internacionales como el escenario más probable. Asume que el déficit fiscal bajará a -2,2 % en 2019, cuando a la fecha está en el -4 % (no es muy probable bajar el déficit fiscal en casi 2 puntos porcentuales del PIB en los siguientes años). Y, finalmente, contempla un precio promedio del petróleo de 51 dólares el barril, en 2017, y 60 dólares, en 2018, lo que suena poco realista.
Pero, además, presupuesta recursos adicionales de regalías provenientes de un sector minero que está golpeado por demoras en licencias y frenado por las consultas a las comunidades.
Para garantizar el dividendo de la paz y el equilibrio de la ecuación mencionada, y con ello el acompañamiento al proceso de la mayoría de colombianos, es urgente encontrar una nueva fuente de crecimiento sostenible en el largo plazo y actuar rápidamente para ser más competitivos y productivos.
Enhorabuena, los nuevos hechos de país, pero aún falta mucho trabajo.
jrestrep@gmail.com - @jrestrp
En las últimas tres semanas hemos conocido dos hechos que, en lo social, político y económico, representan hitos históricos en la construcción de nación.
El primero fue la entrega de más de 7.000 armas personales de la guerrilla, sin perjuicio de que aún hacen falta más de 900 caletas de material bélico y que esperamos sean entregadas hacia el final de 2017.
El segundo fue la cuantificación y desglose oficial de los costos del posconflicto y su inclusión en el marco fiscal de mediano plazo.
Tristemente, ambos hechos han pasado relativamente desapercibidos en el país y ya son varios los estudios que intentan explicar las causas. Una razón para esto podría ser que los colombianos solemos acostumbrarnos y normalizar lo que vivimos, por bueno o malo que sea.
Para no ir muy lejos, por más de 50 años nos acostumbramos a la violencia y a pesar de ello crecimos como pudimos. Es muy probable que ahora la mayoría de colombianos se acostumbró ya a la evidente disminución de las masacres, de las tomas de pueblos, de los asesinatos y del terrorismo, y cree que eso es normal.
Pero otra razón posible para el desgano con los acontecimientos recientes es que la mayoría de los colombianos aún no percibe en su propia realidad económica familiar el impacto favorable de los acuerdos de paz, que se había descrito oficialmente como el dividendo de la paz en crecimiento, llegada de inversión extranjera, generación de empleo y mejoramiento de los ingresos de las familias.
Aún no ven palpable esos puntos porcentuales adicionales de crecimiento económico, que muchos esperaban que fuese más rápido de lo posible. Por el contrario, la firma de los acuerdos se ha dado en medio de una dura desaceleración económica, que ya empezó a cobrar negativamente los logros de empleo y que tiene golpeada la confianza de los consumidores y del sector empresarial.
Lograr el dividendo de la paz, y con ello la conexión de la mayoría de colombianos con el proceso, necesariamente pasa por garantizar el sano equilibrio de la ecuación económica del posconflicto: de un lado está la ya valorada inversión de paz y, por el otro, la urgencia de que existan suficientes fuentes de financiamiento para lograr lo anterior.
De lo que se incluyó para construir la paz en el marco fiscal, destaco la claridad de que se trata de $130 billones en 15 años y que pone en el centro el tema agrícola (85 % de inversión), incluidos los asuntos de tierras, el desarrollo productivo, la asistencia técnica y el cierre de brechas de pobreza entre lo rural y lo urbano. La inversión prevista tiene, además, un gran capítulo de sustitución de cultivos y de respuesta a las víctimas.
Lo que aún no cuadra de la ecuación, y es donde se necesita atención, es, justamente, lo que se prevé de financiamiento para dichas inversiones.
Francamente, la previsión de ingreso del marco fiscal es excesivamente optimista y para la muestra solamente tres hechos: prevé un crecimiento del PIB en este año del 2,3 %, que ya ni siquiera contemplan el Banco Central ni los organismos internacionales como el escenario más probable. Asume que el déficit fiscal bajará a -2,2 % en 2019, cuando a la fecha está en el -4 % (no es muy probable bajar el déficit fiscal en casi 2 puntos porcentuales del PIB en los siguientes años). Y, finalmente, contempla un precio promedio del petróleo de 51 dólares el barril, en 2017, y 60 dólares, en 2018, lo que suena poco realista.
Pero, además, presupuesta recursos adicionales de regalías provenientes de un sector minero que está golpeado por demoras en licencias y frenado por las consultas a las comunidades.
Para garantizar el dividendo de la paz y el equilibrio de la ecuación mencionada, y con ello el acompañamiento al proceso de la mayoría de colombianos, es urgente encontrar una nueva fuente de crecimiento sostenible en el largo plazo y actuar rápidamente para ser más competitivos y productivos.
Enhorabuena, los nuevos hechos de país, pero aún falta mucho trabajo.
jrestrep@gmail.com - @jrestrp