Con motivo de la Asamblea Nacional de la Andi, se presentó al país lo que significa la “nueva economía”, aquella apuesta macroeconómica del Gobierno con la que se pretende enfrentar los próximos años en materia de crecimiento, minimizar el impacto de los choques internacionales y responder a las dificultades propias del momento actual en cuenta corriente, en materia fiscal, en inflación y empleo.
Aunque el tema merece una columna aparte, dentro de la denominada estrategia 3x3 y nueve prioridades de acción, sobresale el énfasis en el Estatuto Tributario, que se entiende como la reforma tributaria estructural. En ésta en particular se describen compromisos de más progresividad, de eliminación del impuesto a la riqueza, de control de evasión y de un nuevo modelo de impuesto de renta basado en la utilidades calculadas bajo metodología NIIF. Curiosamente, no se dice nada de IVA, aunque se da por descontado que se nos viene un ajuste al mismo de entre dos y tres puntos porcentuales.
Una propuesta alternativa en materia de prioridades en una reforma tributaria verdaderamente estructural es que, con el control efectivo de la evasión y diseñando en simultánea una estructura más competitiva para el sector empresarial en materia tributaria, podría más que duplicarse el monto que necesita el país para los próximos años y cubrir con ello las necesidades de hoy y aquellas que se vienen con el posconflicto. Esta propuesta sería en el frente externo atacar de raíz los paraísos fiscales y en el plano interno dejar de construir un infierno fiscal.
Más de 300 economistas del mundo reunidos recientemente con motivo de la cumbre sobre corrupción, entre quienes se encontraban personas tan diversas como Piketty, Deaton, Blanchard y Sachs, ratificaron lo que han dicho a su manera el papa Francisco y el Consejo Pontificio de Justicia y Paz: “Hoy no hay argumento económico que justifique la continuidad de los paraísos fiscales”. Dichos “paraísos” minan la capacidad recaudatoria de un país y, para el caso colombiano, se estiman que nos podrían robar anualmente ingresos fiscales adicionales de entre 15 y 20 billones de pesos. Dichos montos representarían entre dos y tres reformas tributarias, y con ello tendríamos recursos suficientes para financiar parcialmente lo que viene de los acuerdos de paz.
Sin embargo, como lo reconocen también los expertos, si en el caso colombiano no abordamos el caso de Panamá con la fuerza que se merece y con la prontitud que demanda, poco hacemos para obtener lo que para muchos puede ser el 60 % a 70 % de la evasión total. Mientras sigamos aceptando acuerdos débiles o tibios de intercambio de información con este país, va a ser imposible el recaudo necesario. Acabar con la evasión que se asienta en Panamá es el primer paso de coherencia de discurso para entrar a actuar contra la evasión interna. En simultánea, no se puede seguir tolerando en el interior del país profesiones liberales o pequeños negocios que nunca emiten factura y que se convierten en la vena rota interna de los ingresos fiscales. De pronto para ambos sería conveniente el modelo español de estimaciones de ingresos tributarios con base en el metraje del negocio, para recaudar, con una policía fiscal fuerte y preparada, parte de lo que no se paga.
Pero, en simultánea con lo anterior, es urgente desmontar un sistema tributario que demuestra “ansias confiscatorias” con el sector productivo y que todos los años nos distancia más de los países del mundo con quienes competíamos. Para la muestra el impuesto a la riqueza, el CREE, el 4x1.000 y el incremento excesivo en renta (para no hablar de impuestos locales). Como dijera Karl Marx hace muchos años: “Sólo hay una manera de matar al capitalismo: con impuestos, impuestos y más impuestos”. Si queremos generar riqueza, es necesario un sistema tributario que coadyuve a la generación productiva y no uno que ayude a todo lo contrario.
Si esos dos propósitos son la médula de la reforma tributaria estructural, podríamos anunciar desde ya que no se necesita más IVA y que tendríamos con qué lograr de nuevo tasas de crecimiento superiores al 5 % en los próximos años.
Con motivo de la Asamblea Nacional de la Andi, se presentó al país lo que significa la “nueva economía”, aquella apuesta macroeconómica del Gobierno con la que se pretende enfrentar los próximos años en materia de crecimiento, minimizar el impacto de los choques internacionales y responder a las dificultades propias del momento actual en cuenta corriente, en materia fiscal, en inflación y empleo.
Aunque el tema merece una columna aparte, dentro de la denominada estrategia 3x3 y nueve prioridades de acción, sobresale el énfasis en el Estatuto Tributario, que se entiende como la reforma tributaria estructural. En ésta en particular se describen compromisos de más progresividad, de eliminación del impuesto a la riqueza, de control de evasión y de un nuevo modelo de impuesto de renta basado en la utilidades calculadas bajo metodología NIIF. Curiosamente, no se dice nada de IVA, aunque se da por descontado que se nos viene un ajuste al mismo de entre dos y tres puntos porcentuales.
Una propuesta alternativa en materia de prioridades en una reforma tributaria verdaderamente estructural es que, con el control efectivo de la evasión y diseñando en simultánea una estructura más competitiva para el sector empresarial en materia tributaria, podría más que duplicarse el monto que necesita el país para los próximos años y cubrir con ello las necesidades de hoy y aquellas que se vienen con el posconflicto. Esta propuesta sería en el frente externo atacar de raíz los paraísos fiscales y en el plano interno dejar de construir un infierno fiscal.
Más de 300 economistas del mundo reunidos recientemente con motivo de la cumbre sobre corrupción, entre quienes se encontraban personas tan diversas como Piketty, Deaton, Blanchard y Sachs, ratificaron lo que han dicho a su manera el papa Francisco y el Consejo Pontificio de Justicia y Paz: “Hoy no hay argumento económico que justifique la continuidad de los paraísos fiscales”. Dichos “paraísos” minan la capacidad recaudatoria de un país y, para el caso colombiano, se estiman que nos podrían robar anualmente ingresos fiscales adicionales de entre 15 y 20 billones de pesos. Dichos montos representarían entre dos y tres reformas tributarias, y con ello tendríamos recursos suficientes para financiar parcialmente lo que viene de los acuerdos de paz.
Sin embargo, como lo reconocen también los expertos, si en el caso colombiano no abordamos el caso de Panamá con la fuerza que se merece y con la prontitud que demanda, poco hacemos para obtener lo que para muchos puede ser el 60 % a 70 % de la evasión total. Mientras sigamos aceptando acuerdos débiles o tibios de intercambio de información con este país, va a ser imposible el recaudo necesario. Acabar con la evasión que se asienta en Panamá es el primer paso de coherencia de discurso para entrar a actuar contra la evasión interna. En simultánea, no se puede seguir tolerando en el interior del país profesiones liberales o pequeños negocios que nunca emiten factura y que se convierten en la vena rota interna de los ingresos fiscales. De pronto para ambos sería conveniente el modelo español de estimaciones de ingresos tributarios con base en el metraje del negocio, para recaudar, con una policía fiscal fuerte y preparada, parte de lo que no se paga.
Pero, en simultánea con lo anterior, es urgente desmontar un sistema tributario que demuestra “ansias confiscatorias” con el sector productivo y que todos los años nos distancia más de los países del mundo con quienes competíamos. Para la muestra el impuesto a la riqueza, el CREE, el 4x1.000 y el incremento excesivo en renta (para no hablar de impuestos locales). Como dijera Karl Marx hace muchos años: “Sólo hay una manera de matar al capitalismo: con impuestos, impuestos y más impuestos”. Si queremos generar riqueza, es necesario un sistema tributario que coadyuve a la generación productiva y no uno que ayude a todo lo contrario.
Si esos dos propósitos son la médula de la reforma tributaria estructural, podríamos anunciar desde ya que no se necesita más IVA y que tendríamos con qué lograr de nuevo tasas de crecimiento superiores al 5 % en los próximos años.