Como les sucede a muchos colombianos, solemos dejar las cosas para última hora. Algo de esto le pasó a la reforma tributaria, que terminará por ello discutiéndose a la carrera y, tristemente, sin la profundidad necesaria.
Como se ha expresado en esta columna, la reforma tributaria que conocemos no es estructural, pero tiene asuntos destacables y, sobre todo, si se da el debate, puede ser aún más valiosa por lo que de allí se recoja. Uno de esos elementos por lo menos interesante es el concerniente a impuestos asociados a temas de salud pública o de medioambiente; todos ellos abren un debate público en el que no sólo debe participar el Congreso de la República, sino la academia y el sector empresarial directamente relacionado. Me refiero, por ejemplo, al impuesto a los cigarrillos, o los impuestos denominados verdes que pretenden reducir las emisiones de carbono, o aquellos que pretenden gravar el consumo de bebidas azucaradas y que buscan enfrentar problemas de salud pública en obesidad y diabetes, entre otros temas.
En el debate público que se ha generado puntualmente sobre el impuesto a las bebidas azucaradas han surgido análisis y conclusiones interesantes. Es cierto que existe un efecto del consumo excesivo de azúcar sobre la obesidad y la diabetes y que ello puede generarse a través del consumo también excesivo de bebidas azucaradas. Es cierto, también, que en Colombia se viene presentando un aumento en los niveles de obesidad, en especial en niños, sin que ello signifique que tenemos el mismo nivel de problema de México. Queda también claro que la imposición de un impuesto a las bebidas azucaradas suele generar una sustitución de dichos productos por otras alternativas. Es también claro que un instrumento para cambios de comportamiento en la sociedad son los impuestos, sin que ello signifique que sea el único instrumento (se suele usar como alternativa, por ejemplo, la comunicación de riesgos del consumo de determinados productos).
La realidad de la obesidad, por ejemplo, está también ligada a temas nutricionales, genéticos y al nivel de sedentarismo de las personas, entre otros asuntos. En este sentido es altamente preocupante, como lo expresara recientemente la revista The Economist basada en estudios de la OMS, que Colombia es uno de los países con la más alta tasa de inactividad física entre adultos (supera el 61 %). Este nivel de sedentarismo se convierte en el asesino silencioso de los colombianos y algunos lo han denominado el “nuevo consumo de tabaco”. Entonces, una apuesta ganadora para lograr reducir la obesidad debe tomar en consideración dicho asunto, entre muchos más.
Es también cierto que el impuesto a las bebidas azucaradas puede ser regresivo porque afecta proporcionalmente más a las clases menos favorecidas (para quienes puede representar casi unos 20.000 al mes de su ingreso mensual), pero es también cierto que más regresivos pueden resultar los costos que se derivan de enfermedades como la diabetes.
Finalmente, el impuesto también puede afectar gravemente a los tenderos y a la generación de empleo, y puede ser fuente importante de inflación, pero es igualmente cierto que problemas de diabetes y de obesidad suelen tener costos de salud pública muy altos en muertes y tratamientos clínicos, que merecen ser igualmente considerados en caso de que exista relación demostrada entre el consumo de las bebidas y los problemas de salud.
Todo lo anterior, sumado a las evidencias de la literatura científica sobre el tema, me lleva a pensar que este es un debate que es bueno dar ilustradamente y con el respaldo de la academia en el seno del Congreso de la República, a partir del cual adoptar o no el impuesto en mención. Lo que no debería pasar, por las razones que sean, es soslayar el debate y ni siquiera darse la oportunidad de recoger argumentos científicos de lado y lado para encontrar la mejor respuesta de política pública, como se anuncia por parte de algunos Congresistas que lo pretenden excluir de su ponencia al Legislativo.
Un país que pretenda ser desarrollado, independientemente de la decisión que se tome, debe tener la capacidad de dar debates y no de bloquearlos por el temor a hacerlo.
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Como les sucede a muchos colombianos, solemos dejar las cosas para última hora. Algo de esto le pasó a la reforma tributaria, que terminará por ello discutiéndose a la carrera y, tristemente, sin la profundidad necesaria.
Como se ha expresado en esta columna, la reforma tributaria que conocemos no es estructural, pero tiene asuntos destacables y, sobre todo, si se da el debate, puede ser aún más valiosa por lo que de allí se recoja. Uno de esos elementos por lo menos interesante es el concerniente a impuestos asociados a temas de salud pública o de medioambiente; todos ellos abren un debate público en el que no sólo debe participar el Congreso de la República, sino la academia y el sector empresarial directamente relacionado. Me refiero, por ejemplo, al impuesto a los cigarrillos, o los impuestos denominados verdes que pretenden reducir las emisiones de carbono, o aquellos que pretenden gravar el consumo de bebidas azucaradas y que buscan enfrentar problemas de salud pública en obesidad y diabetes, entre otros temas.
En el debate público que se ha generado puntualmente sobre el impuesto a las bebidas azucaradas han surgido análisis y conclusiones interesantes. Es cierto que existe un efecto del consumo excesivo de azúcar sobre la obesidad y la diabetes y que ello puede generarse a través del consumo también excesivo de bebidas azucaradas. Es cierto, también, que en Colombia se viene presentando un aumento en los niveles de obesidad, en especial en niños, sin que ello signifique que tenemos el mismo nivel de problema de México. Queda también claro que la imposición de un impuesto a las bebidas azucaradas suele generar una sustitución de dichos productos por otras alternativas. Es también claro que un instrumento para cambios de comportamiento en la sociedad son los impuestos, sin que ello signifique que sea el único instrumento (se suele usar como alternativa, por ejemplo, la comunicación de riesgos del consumo de determinados productos).
La realidad de la obesidad, por ejemplo, está también ligada a temas nutricionales, genéticos y al nivel de sedentarismo de las personas, entre otros asuntos. En este sentido es altamente preocupante, como lo expresara recientemente la revista The Economist basada en estudios de la OMS, que Colombia es uno de los países con la más alta tasa de inactividad física entre adultos (supera el 61 %). Este nivel de sedentarismo se convierte en el asesino silencioso de los colombianos y algunos lo han denominado el “nuevo consumo de tabaco”. Entonces, una apuesta ganadora para lograr reducir la obesidad debe tomar en consideración dicho asunto, entre muchos más.
Es también cierto que el impuesto a las bebidas azucaradas puede ser regresivo porque afecta proporcionalmente más a las clases menos favorecidas (para quienes puede representar casi unos 20.000 al mes de su ingreso mensual), pero es también cierto que más regresivos pueden resultar los costos que se derivan de enfermedades como la diabetes.
Finalmente, el impuesto también puede afectar gravemente a los tenderos y a la generación de empleo, y puede ser fuente importante de inflación, pero es igualmente cierto que problemas de diabetes y de obesidad suelen tener costos de salud pública muy altos en muertes y tratamientos clínicos, que merecen ser igualmente considerados en caso de que exista relación demostrada entre el consumo de las bebidas y los problemas de salud.
Todo lo anterior, sumado a las evidencias de la literatura científica sobre el tema, me lleva a pensar que este es un debate que es bueno dar ilustradamente y con el respaldo de la academia en el seno del Congreso de la República, a partir del cual adoptar o no el impuesto en mención. Lo que no debería pasar, por las razones que sean, es soslayar el debate y ni siquiera darse la oportunidad de recoger argumentos científicos de lado y lado para encontrar la mejor respuesta de política pública, como se anuncia por parte de algunos Congresistas que lo pretenden excluir de su ponencia al Legislativo.
Un país que pretenda ser desarrollado, independientemente de la decisión que se tome, debe tener la capacidad de dar debates y no de bloquearlos por el temor a hacerlo.
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