El dato más reciente de inflación de la economía colombiana dejó a más de uno con una honda preocupación. No es sólo que la inflación del mes es una de las más altas en más de 11 años, o que el dato anualizado se acerca peligrosamente al 9 %, sino que las expectativas siguen al alza, aun en aquellos bienes y servicios que no se han visto afectados por factores coyunturales como el fenómeno de El Niño, paros o aumentos en tasa de cambio.
Las primeras estimaciones hablan de una inflación estimada cercana al 7 % para el 2016 y preocupantemente una inflación para 2017 por encima del tope máximo de la meta de inflación, con datos cercanos al 4,5 %. Como quien dice, no han sido suficientes los esfuerzos del banco central por controlar las expectativas de precios al alza hacia adelante con base en el aumento en la tasa de interés interbancario.
Lo preocupante es que ya hay signos del impacto del aumento de tasa sobre el crecimiento de la economía. Se nota un inicio de desaceleración en el consumo, un aumento en los costos del crédito a los particulares, y en el último mes ya hubo un aumento en la tasa de desempleo, luego de varios meses en que mostrábamos una caída en dicho indicador. En simultánea, muchas más personas se están ofreciendo en el mercado laboral, en especial en las grandes ciudades, que puede ser un signo de que las familias ya se están viendo afectadas en su capacidad de compra e ingresos. Y no podría ser de otro modo, cuando la inflación anualizada para los estratos bajos es del 9,91 %, cifra que supone una pérdida importante de capacidad adquisitiva.
Estos hechos explican el llamado respetuoso de atención del presidente de la República y aun del presidente de la Andi y otros líderes gremiales al Banco de la República para que detenga el aumento en la tasa de interés y explica por qué de pronto la última decisión en el seno de la junta fue una decisión dividida.
En simultánea conocimos también en esta semana la presentación del Presupuesto General de la Nación 2017, que suma inquietudes a lo anterior y que lo hace especialmente en función de la capacidad de inversión del país y la sostenibilidad del gasto e inversión pública al futuro.
De dicho presupuesto vale destacar como positivo la austeridad en el mismo al proponer una reducción en los gastos generales y al expresar un aumento inferior a la inflación del año. Son para destacar también las estimaciones prudentes de ingreso por petróleo (promedio de US$47 barril), así como la definición clara de prioridades de inversión y gasto en función de vigencias futuras (entiéndase especialmente la inversión en infraestructura) y los programas orientados a las víctimas, que hablan de una coherencia con los propósitos que se derivan de la firma de los acuerdos en La Habana.
Sin embargo, también de ese presupuesto, y pensando en el abultado déficit fiscal y en el fenómeno inflacionario que vivimos, preocupa especialmente su inflexibilidad. Cerca de un 70 % del total del mismo corresponde a transferencias, pensiones y servicio de deuda, asuntos todos ellos de difícil modificación. Por ello seguramente el presupuesto, como mecanismo de austeridad, acude a reducir dramáticamente la inversión (cerca del 40 % respecto de la que se presupuestó para el 2016 inicialmente y antes de los recortes que se han sucedido por la situación fiscal) y afecta especialmente al sector del agro (cae en un 41 %), y los temas de inclusión, salud y protección social (con caídas de entre 10 y 20 %), asuntos todos ellos que debiesen ser prioritarios en ese posconflicto.
Estos hechos confirman dos cosas: de un lado, que se hace urgente una reforma tributaria muy cuidadosa que no termine agregando aún más inflación y menos crecimiento, y que es indispensable pensar estructuralmente y con mirada de largo plazo de dónde saldrán los recursos para financiar todas las inversiones que requiere el país en el posconflicto. Lo que este presupuesto indica es que, de seguir como vamos, la Colombia del posconflicto puede terminar desfinanciada, y la economía con más dificultades.
Jrestrep@gmail.comTwitter: @jrestrp
El dato más reciente de inflación de la economía colombiana dejó a más de uno con una honda preocupación. No es sólo que la inflación del mes es una de las más altas en más de 11 años, o que el dato anualizado se acerca peligrosamente al 9 %, sino que las expectativas siguen al alza, aun en aquellos bienes y servicios que no se han visto afectados por factores coyunturales como el fenómeno de El Niño, paros o aumentos en tasa de cambio.
Las primeras estimaciones hablan de una inflación estimada cercana al 7 % para el 2016 y preocupantemente una inflación para 2017 por encima del tope máximo de la meta de inflación, con datos cercanos al 4,5 %. Como quien dice, no han sido suficientes los esfuerzos del banco central por controlar las expectativas de precios al alza hacia adelante con base en el aumento en la tasa de interés interbancario.
Lo preocupante es que ya hay signos del impacto del aumento de tasa sobre el crecimiento de la economía. Se nota un inicio de desaceleración en el consumo, un aumento en los costos del crédito a los particulares, y en el último mes ya hubo un aumento en la tasa de desempleo, luego de varios meses en que mostrábamos una caída en dicho indicador. En simultánea, muchas más personas se están ofreciendo en el mercado laboral, en especial en las grandes ciudades, que puede ser un signo de que las familias ya se están viendo afectadas en su capacidad de compra e ingresos. Y no podría ser de otro modo, cuando la inflación anualizada para los estratos bajos es del 9,91 %, cifra que supone una pérdida importante de capacidad adquisitiva.
Estos hechos explican el llamado respetuoso de atención del presidente de la República y aun del presidente de la Andi y otros líderes gremiales al Banco de la República para que detenga el aumento en la tasa de interés y explica por qué de pronto la última decisión en el seno de la junta fue una decisión dividida.
En simultánea conocimos también en esta semana la presentación del Presupuesto General de la Nación 2017, que suma inquietudes a lo anterior y que lo hace especialmente en función de la capacidad de inversión del país y la sostenibilidad del gasto e inversión pública al futuro.
De dicho presupuesto vale destacar como positivo la austeridad en el mismo al proponer una reducción en los gastos generales y al expresar un aumento inferior a la inflación del año. Son para destacar también las estimaciones prudentes de ingreso por petróleo (promedio de US$47 barril), así como la definición clara de prioridades de inversión y gasto en función de vigencias futuras (entiéndase especialmente la inversión en infraestructura) y los programas orientados a las víctimas, que hablan de una coherencia con los propósitos que se derivan de la firma de los acuerdos en La Habana.
Sin embargo, también de ese presupuesto, y pensando en el abultado déficit fiscal y en el fenómeno inflacionario que vivimos, preocupa especialmente su inflexibilidad. Cerca de un 70 % del total del mismo corresponde a transferencias, pensiones y servicio de deuda, asuntos todos ellos de difícil modificación. Por ello seguramente el presupuesto, como mecanismo de austeridad, acude a reducir dramáticamente la inversión (cerca del 40 % respecto de la que se presupuestó para el 2016 inicialmente y antes de los recortes que se han sucedido por la situación fiscal) y afecta especialmente al sector del agro (cae en un 41 %), y los temas de inclusión, salud y protección social (con caídas de entre 10 y 20 %), asuntos todos ellos que debiesen ser prioritarios en ese posconflicto.
Estos hechos confirman dos cosas: de un lado, que se hace urgente una reforma tributaria muy cuidadosa que no termine agregando aún más inflación y menos crecimiento, y que es indispensable pensar estructuralmente y con mirada de largo plazo de dónde saldrán los recursos para financiar todas las inversiones que requiere el país en el posconflicto. Lo que este presupuesto indica es que, de seguir como vamos, la Colombia del posconflicto puede terminar desfinanciada, y la economía con más dificultades.
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