La matemática absurda del sistema judicial

En palabras del ranquin del WEF, se trata de una arquitectura legal y administrativa en la que las empresas, los individuos y el Gobierno interactúan adecuadamente para generar riqueza, respetar derechos, garantizar confianza, construir transparencia y combatir corrupción y prácticas antiéticas.

 

Uno de los contraejemplos al deber ser de esa institucionalidad lo constituye el denominado cartel de la contratación en el Distrito Capital, que se presentó hacia el año 2010. Los hechos indicaron la existencia de millonarias “mordidas” que involucraron al alcalde de turno, congresistas, empresarios, abogados y dirigentes de entidades públicas. Se estima que el robo por este escándalo puede superar el billón de pesos.

 

El primer condenado por este hecho es Emilio Tapia, a quien la justicia colombiana le aplicó una pena de tres años y $12 millones de multa. Según la investigación, fue el que más se benefició de una empresa criminal que modificaba los pliegos de condiciones en decenas de licitaciones para que sus empresas cumplieran los requisitos de contratación y se hicieran a los anticipos y montos pagados por las entidades públicas contratantes. No sobra decir que en la primera parte del proceso le fue concedido el beneficio de casa por cárcel a propuesta de la Fiscalía y en una segunda instancia también, antes de que se comprobara que aparentemente seguía delinquiendo desde su lugar de reclusión.

 

Cuando uno analiza este caso comprobado de concierto para delinquir, con millonarios desvíos de recursos públicos, o cuando simplemente revisa los anuncios según los cuales un ladrón de un libro en una exposición ferial tendría 20 años de cárcel, según la Fiscalía, la condena de tres años a un hombre por usar un billete falso de $50.000, nueve meses a otro por robarse cuatro cuadernos, para no hablar de las eventuales condenas a delincuentes que han cometido actos terroristas, uno no entiende para nada la matemática de nuestro sistema judicial. Parece que nuestros jueces, o en general el sistema judicial, no aprendieron nunca la matemática de las proporciones.

 

Pero lo más aberrante es que, sumado a lo anterior, tampoco es “justo” el sistema judicial, como cuando un exfuncionario público que ejecutó más de 2.600 obras en tiempo récord, con una ejecución de $2,6 billones (algo nunca antes visto en un cargo público), sin haberse apropiado de un solo centavo ni para sí mismo ni para nadie, termina siendo sancionado por un error técnico que él no decidió ni supervisaba directamente. Me refiero al caso de Andrés Camargo, quien fue sancionado a cinco años de cárcel por una decisión técnica que nadie ha explicado adecuadamente en sus razones y en la que él no participó ni de la cual era el responsable decisivo. Peor aún es que, a diferencia del caso mencionado, también está multado por $108.000 millones (que seguramente beneficiarán a algunos en comisiones) y en dos oportunidades se le ha negado el beneficio de casa por cárcel.

 

La sensación que queda en este sistema judicial, y en esto que desinstitucionalmente podríamos llamar la “injusticia de la justicia”, es que en Colombia, para entender las decisiones judiciales, no se puede usar el derecho y mucho menos podemos hacer uso de la matemática, porque nada cuadra.

 

Mientras en Colombia se sigan presentando casos como el del exdirector del IDU Andrés Camargo, primero que todo nunca lograremos mejorar en nuestras instituciones y en nuestra competitividad, y menos aún atraeremos jóvenes destacados y mejores profesionales al ejercicio de una actividad pública. Nadie en su sano juicio y con un pequeño conocimiento técnico se ofrecerá a este desorden de proporciones y a esta ausencia de justicia. Viendo estos casos, ni con una constituyente somos capaces de solucionar un problema tan delicado como el de la justicia en Colombia. Habrá entonces que esperar a que por lo menos la justicia divina impere.

 

jrestrep@gmail.com / @jrestrp

En palabras del ranquin del WEF, se trata de una arquitectura legal y administrativa en la que las empresas, los individuos y el Gobierno interactúan adecuadamente para generar riqueza, respetar derechos, garantizar confianza, construir transparencia y combatir corrupción y prácticas antiéticas.

 

Uno de los contraejemplos al deber ser de esa institucionalidad lo constituye el denominado cartel de la contratación en el Distrito Capital, que se presentó hacia el año 2010. Los hechos indicaron la existencia de millonarias “mordidas” que involucraron al alcalde de turno, congresistas, empresarios, abogados y dirigentes de entidades públicas. Se estima que el robo por este escándalo puede superar el billón de pesos.

 

El primer condenado por este hecho es Emilio Tapia, a quien la justicia colombiana le aplicó una pena de tres años y $12 millones de multa. Según la investigación, fue el que más se benefició de una empresa criminal que modificaba los pliegos de condiciones en decenas de licitaciones para que sus empresas cumplieran los requisitos de contratación y se hicieran a los anticipos y montos pagados por las entidades públicas contratantes. No sobra decir que en la primera parte del proceso le fue concedido el beneficio de casa por cárcel a propuesta de la Fiscalía y en una segunda instancia también, antes de que se comprobara que aparentemente seguía delinquiendo desde su lugar de reclusión.

 

Cuando uno analiza este caso comprobado de concierto para delinquir, con millonarios desvíos de recursos públicos, o cuando simplemente revisa los anuncios según los cuales un ladrón de un libro en una exposición ferial tendría 20 años de cárcel, según la Fiscalía, la condena de tres años a un hombre por usar un billete falso de $50.000, nueve meses a otro por robarse cuatro cuadernos, para no hablar de las eventuales condenas a delincuentes que han cometido actos terroristas, uno no entiende para nada la matemática de nuestro sistema judicial. Parece que nuestros jueces, o en general el sistema judicial, no aprendieron nunca la matemática de las proporciones.

 

Pero lo más aberrante es que, sumado a lo anterior, tampoco es “justo” el sistema judicial, como cuando un exfuncionario público que ejecutó más de 2.600 obras en tiempo récord, con una ejecución de $2,6 billones (algo nunca antes visto en un cargo público), sin haberse apropiado de un solo centavo ni para sí mismo ni para nadie, termina siendo sancionado por un error técnico que él no decidió ni supervisaba directamente. Me refiero al caso de Andrés Camargo, quien fue sancionado a cinco años de cárcel por una decisión técnica que nadie ha explicado adecuadamente en sus razones y en la que él no participó ni de la cual era el responsable decisivo. Peor aún es que, a diferencia del caso mencionado, también está multado por $108.000 millones (que seguramente beneficiarán a algunos en comisiones) y en dos oportunidades se le ha negado el beneficio de casa por cárcel.

 

La sensación que queda en este sistema judicial, y en esto que desinstitucionalmente podríamos llamar la “injusticia de la justicia”, es que en Colombia, para entender las decisiones judiciales, no se puede usar el derecho y mucho menos podemos hacer uso de la matemática, porque nada cuadra.

 

Mientras en Colombia se sigan presentando casos como el del exdirector del IDU Andrés Camargo, primero que todo nunca lograremos mejorar en nuestras instituciones y en nuestra competitividad, y menos aún atraeremos jóvenes destacados y mejores profesionales al ejercicio de una actividad pública. Nadie en su sano juicio y con un pequeño conocimiento técnico se ofrecerá a este desorden de proporciones y a esta ausencia de justicia. Viendo estos casos, ni con una constituyente somos capaces de solucionar un problema tan delicado como el de la justicia en Colombia. Habrá entonces que esperar a que por lo menos la justicia divina impere.

 

jrestrep@gmail.com / @jrestrp