Lo primero a reconocer es que gústenos o no debemos acostumbrarnos a la idea de una reforma tributaria.
Lo que posiblemente quisiéramos la mayoría de los colombianos es que esta iniciativa no se repitiera en 2016 y que dejáramos realmente una reforma estructural y no una mera solución coyuntural de un “hueco fiscal” de la Nación.
Reconozco que me cuesta trabajo entender desde una mirada empresarial o privada, la lógica de un presupuesto que de entrada se presenta desfinanciado al Congreso de la República, y peor aún, que sea aprobado sin mayor comentario a esta singular aprobación. Desde la racionalidad, cuesta trabajo aceptar que se aprueben primero los gastos, sin saber si ellos son o no fondeables.
Cuesta también trabajo aceptar, que el gasto público venga creciendo a tasas superiores al ingreso fiscal (40% en cinco años). Y lo anterior es fácilmente comprobable cuando aceptamos que dos fuentes de ingresos cuyo origen fue de coyuntura (para financiar un hecho especial como un terremoto, o la crisis financiera o agraria o la seguridad de la Nación), ahora pretenden convertirse en estructurales, indicando entonces que lo que ha venido sucediendo es que buena parte de dichos gastos temporales se sustituyeron por estructurales que deben ser financiados ahora por nuevos tributos.
Y finalmente es difícil entender que no aprovechemos este momento con mayor capital político, para justamente entregarle al país una reforma de largo plazo, que envíe un mensaje de tranquilidad fiscal a los nuevos y actuales inversionistas y que garantice cierta estabilidad macroeconómica de largo plazo.
Dadas las inquietudes anteriores, es inevitable reconocer que el país requiere un mayor gasto público. Por un lado, por los compromisos ya adquiridos, y por otro lado de los eventuales gastos del denominado “escenario de posconflicto”. Fedesarrollo, sumado a posibles choques externos, prevé un efecto anual adicional de gasto de entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB (algo así como entre 3 y 4 reformas tributarias importantes).
Debemos también reconocer que así nos parezca tremendamente antitécnico, es indispensable sostener el impuesto a las transacciones financieras (4 por mil). De igual forma, que es indispensable gravar los grandes capitales, con un sistema de tarifas progresivas. Posiblemente recomendaría eliminar el impuesto al patrimonio (que se aplica muy poco en el mundo por su inconveniencia productiva) y utilizar más bien el impuesto a los dividendos (que se aplica con mucha más frecuencia y en muchos países desarrollados).
Pero sin duda, este nuevo escenario supone al estilo “Mockusiano” que todos deben poner de su parte. Una reforma estructural debiese incluir uno o dos puntos de IVA adicionales con mayor universalidad en los bienes y servicios gravados y destinación social especifica de esos puntos adicionales.
También debiera incluir algún ajuste al impuesto de renta y en especial eliminar buena parte de las rentas exentas. Inevitablemente debe sostener el 4 por mil, e imponer un impuesto que grave los beneficios de los grandes capitales productivos (mejor en dividendos que en patrimonio), y debiese incluir también una esfuerzo de penalización y endurecimiento con la evasión y el contrabando.
Lo anterior haría de la reforma tributaria una propuesta más seria con el futuro del país y prepararía el escenario para los acuerdos que surjan de La Habana.
La reforma tributaria es inevitable, pero tratemos que sea de largo plazo, y forcemos a que todos pongan en esta gran “vaca nacional”. Todo lo anterior en el marco de esfuerzos sustantivos en reducción de gasto público superfluo y mayor capacidad para generar ingresos fiscales por la vía de un mayor crecimiento.
jrestrep@gmail.com / @jrestrp
José Manuel Restrepo Abondano *
Lo primero a reconocer es que gústenos o no debemos acostumbrarnos a la idea de una reforma tributaria.
Lo que posiblemente quisiéramos la mayoría de los colombianos es que esta iniciativa no se repitiera en 2016 y que dejáramos realmente una reforma estructural y no una mera solución coyuntural de un “hueco fiscal” de la Nación.
Reconozco que me cuesta trabajo entender desde una mirada empresarial o privada, la lógica de un presupuesto que de entrada se presenta desfinanciado al Congreso de la República, y peor aún, que sea aprobado sin mayor comentario a esta singular aprobación. Desde la racionalidad, cuesta trabajo aceptar que se aprueben primero los gastos, sin saber si ellos son o no fondeables.
Cuesta también trabajo aceptar, que el gasto público venga creciendo a tasas superiores al ingreso fiscal (40% en cinco años). Y lo anterior es fácilmente comprobable cuando aceptamos que dos fuentes de ingresos cuyo origen fue de coyuntura (para financiar un hecho especial como un terremoto, o la crisis financiera o agraria o la seguridad de la Nación), ahora pretenden convertirse en estructurales, indicando entonces que lo que ha venido sucediendo es que buena parte de dichos gastos temporales se sustituyeron por estructurales que deben ser financiados ahora por nuevos tributos.
Y finalmente es difícil entender que no aprovechemos este momento con mayor capital político, para justamente entregarle al país una reforma de largo plazo, que envíe un mensaje de tranquilidad fiscal a los nuevos y actuales inversionistas y que garantice cierta estabilidad macroeconómica de largo plazo.
Dadas las inquietudes anteriores, es inevitable reconocer que el país requiere un mayor gasto público. Por un lado, por los compromisos ya adquiridos, y por otro lado de los eventuales gastos del denominado “escenario de posconflicto”. Fedesarrollo, sumado a posibles choques externos, prevé un efecto anual adicional de gasto de entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB (algo así como entre 3 y 4 reformas tributarias importantes).
Debemos también reconocer que así nos parezca tremendamente antitécnico, es indispensable sostener el impuesto a las transacciones financieras (4 por mil). De igual forma, que es indispensable gravar los grandes capitales, con un sistema de tarifas progresivas. Posiblemente recomendaría eliminar el impuesto al patrimonio (que se aplica muy poco en el mundo por su inconveniencia productiva) y utilizar más bien el impuesto a los dividendos (que se aplica con mucha más frecuencia y en muchos países desarrollados).
Pero sin duda, este nuevo escenario supone al estilo “Mockusiano” que todos deben poner de su parte. Una reforma estructural debiese incluir uno o dos puntos de IVA adicionales con mayor universalidad en los bienes y servicios gravados y destinación social especifica de esos puntos adicionales.
También debiera incluir algún ajuste al impuesto de renta y en especial eliminar buena parte de las rentas exentas. Inevitablemente debe sostener el 4 por mil, e imponer un impuesto que grave los beneficios de los grandes capitales productivos (mejor en dividendos que en patrimonio), y debiese incluir también una esfuerzo de penalización y endurecimiento con la evasión y el contrabando.
Lo anterior haría de la reforma tributaria una propuesta más seria con el futuro del país y prepararía el escenario para los acuerdos que surjan de La Habana.
La reforma tributaria es inevitable, pero tratemos que sea de largo plazo, y forcemos a que todos pongan en esta gran “vaca nacional”. Todo lo anterior en el marco de esfuerzos sustantivos en reducción de gasto público superfluo y mayor capacidad para generar ingresos fiscales por la vía de un mayor crecimiento.
jrestrep@gmail.com / @jrestrp
José Manuel Restrepo Abondano *