En medio de la cuarta revolución industrial se hace necesario reconsiderar de nuevo la importancia que tiene un crecimiento y un desarrollo centrados en la persona. Esta es una preocupación recurrente en los debates del Foro Económico Mundial, y ha llevado a acuñar términos como “crecimiento y desarrollo inclusivos”. Tal como ellos lo han planteado, es indispensable tener sumo cuidado con fenómenos de exclusión social y, por el contrario, contribuir, por ejemplo desde la educación, a que dicha situación no se presente. Incluso ante dificultades de la democracia de hoy, es indispensable volver a la “educación en ciudadanía”, que entre otras cosas supone instituciones educativas abiertas a la diversidad desde los puntos de vistas étnico, ideológico, religioso, de género y de origen socioeconómico, entre otros.
A propósito de esto, hace unos días me encontré con Jorge*, quien se desempeña como operario de mantenimiento de un conjunto campestre en una población de Cundinamarca. Él, entre emoción, orgullo y satisfacción, me contaba que su hijo Daniel* cursa sexto semestre en una universidad privada acreditada de Bogotá que libremente escogió por encima de otras oficiales y privadas. Aquel fin de semana, como muchos recientes, tenía la visita de su hijo, quien en tres semestres será el primer miembro de su familia que logra un título de educación superior. Me contaba que había aprovechado al máximo su oportunidad con una buena dosis de estudio y responsabilidad, que tenía un mentor egresado con quien se reunía semestralmente para hablar de su futuro profesional y posibilidades de internacionalización, y con varios colegas estudiantes que le ayudaban permanentemente a hacer siempre agradable su paso por la universidad, y que estaba haciendo realidad su sueño, y el de toda su familia (incluyendo abuelos y bisabuelos), de tener un ingeniero en la familia.
Dejemos en claro de entrada que el programa Ser Pilo Paga (SPP) no es, ni mucho menos, una “política de Estado” que da respuesta a todos los problemas de acceso a la educación superior. Tampoco puede significar un programa que reduzca o descuide la atención del Gobierno a los necesarios subsidios de oferta en la educación superior oficial. Pero es mezquino también pretender acabar el programa con el pobre argumento de que es el causante de las dificultades financieras del sistema de educación superior oficial y convertirlo en caballo de batalla para aumentar un presupuesto. ¡Ni tanto ni tinto!
Comparto buena parte de los ajustes que se han propuesto a dicho programa, que incluyen asuntos operativos en la admisión, la revisión del tema beca-crédito y la posibilidad de facilitar la movilidad interuniversitaria, siempre preservando el principio de libertad de elección de programa e institución del potencial beneficiario. Incluso me atrevo a recomendar la posibilidad de atraer recursos de donación privada con beneficios tributarios para intentar ampliar el alcance del programa y darle viabilidad de largo plazo.
Pero no perdamos impactos académicamente comprobados por el CEDE y el DNP, en estudios recientes, como el ser un programa que aumenta en más de 500 % la probabilidad de que jóvenes de estratos 1 y 2 de alto nivel académico accedan a una universidad de alta calidad; que disminuye en casi 20 % la probabilidad de deserción en el primer año de carrera; que evita frustraciones a muchos jóvenes talentosos y sus familias al disminuir la probabilidad de ingreso de aquellos a instituciones de mucha menor calidad oficiales y privadas en casi 60 %; que motiva mejores resultados en las pruebas Saber 11 entre estudiantes de estratos bajos por el incentivo a su talento, y que recoge a jóvenes del 84 % de municipios del país.
Bienvenido el debate, pero sin destruir una iniciativa que el mundo reconoce como positiva y que tiene resultados evidentes en seres humanos y familias, y sigamos construyendo herramientas que van en la dirección de sociedades más incluyentes.
jrestrep@gmail.com - @jrestrp
En medio de la cuarta revolución industrial se hace necesario reconsiderar de nuevo la importancia que tiene un crecimiento y un desarrollo centrados en la persona. Esta es una preocupación recurrente en los debates del Foro Económico Mundial, y ha llevado a acuñar términos como “crecimiento y desarrollo inclusivos”. Tal como ellos lo han planteado, es indispensable tener sumo cuidado con fenómenos de exclusión social y, por el contrario, contribuir, por ejemplo desde la educación, a que dicha situación no se presente. Incluso ante dificultades de la democracia de hoy, es indispensable volver a la “educación en ciudadanía”, que entre otras cosas supone instituciones educativas abiertas a la diversidad desde los puntos de vistas étnico, ideológico, religioso, de género y de origen socioeconómico, entre otros.
A propósito de esto, hace unos días me encontré con Jorge*, quien se desempeña como operario de mantenimiento de un conjunto campestre en una población de Cundinamarca. Él, entre emoción, orgullo y satisfacción, me contaba que su hijo Daniel* cursa sexto semestre en una universidad privada acreditada de Bogotá que libremente escogió por encima de otras oficiales y privadas. Aquel fin de semana, como muchos recientes, tenía la visita de su hijo, quien en tres semestres será el primer miembro de su familia que logra un título de educación superior. Me contaba que había aprovechado al máximo su oportunidad con una buena dosis de estudio y responsabilidad, que tenía un mentor egresado con quien se reunía semestralmente para hablar de su futuro profesional y posibilidades de internacionalización, y con varios colegas estudiantes que le ayudaban permanentemente a hacer siempre agradable su paso por la universidad, y que estaba haciendo realidad su sueño, y el de toda su familia (incluyendo abuelos y bisabuelos), de tener un ingeniero en la familia.
Dejemos en claro de entrada que el programa Ser Pilo Paga (SPP) no es, ni mucho menos, una “política de Estado” que da respuesta a todos los problemas de acceso a la educación superior. Tampoco puede significar un programa que reduzca o descuide la atención del Gobierno a los necesarios subsidios de oferta en la educación superior oficial. Pero es mezquino también pretender acabar el programa con el pobre argumento de que es el causante de las dificultades financieras del sistema de educación superior oficial y convertirlo en caballo de batalla para aumentar un presupuesto. ¡Ni tanto ni tinto!
Comparto buena parte de los ajustes que se han propuesto a dicho programa, que incluyen asuntos operativos en la admisión, la revisión del tema beca-crédito y la posibilidad de facilitar la movilidad interuniversitaria, siempre preservando el principio de libertad de elección de programa e institución del potencial beneficiario. Incluso me atrevo a recomendar la posibilidad de atraer recursos de donación privada con beneficios tributarios para intentar ampliar el alcance del programa y darle viabilidad de largo plazo.
Pero no perdamos impactos académicamente comprobados por el CEDE y el DNP, en estudios recientes, como el ser un programa que aumenta en más de 500 % la probabilidad de que jóvenes de estratos 1 y 2 de alto nivel académico accedan a una universidad de alta calidad; que disminuye en casi 20 % la probabilidad de deserción en el primer año de carrera; que evita frustraciones a muchos jóvenes talentosos y sus familias al disminuir la probabilidad de ingreso de aquellos a instituciones de mucha menor calidad oficiales y privadas en casi 60 %; que motiva mejores resultados en las pruebas Saber 11 entre estudiantes de estratos bajos por el incentivo a su talento, y que recoge a jóvenes del 84 % de municipios del país.
Bienvenido el debate, pero sin destruir una iniciativa que el mundo reconoce como positiva y que tiene resultados evidentes en seres humanos y familias, y sigamos construyendo herramientas que van en la dirección de sociedades más incluyentes.
jrestrep@gmail.com - @jrestrp