Triste y débil la defensa del Procurador a los privilegios pensionales de quienes lo eligieron.
Demostró como un valioso argumento como el de los derechos adquiridos, utilizado de la forma maniquea y obsoleta como su visión del mundo, puede convertirse en una declaración de guerra, no sólo contra las leyes de la República, sino contra las leyes económicas.
Lo inamovible e intocable en lo social es la premisa argumentativa de aquellos que, dada su incompetencia para sobrevivir en un mundo cambiante, necesitan garantizar sus privilegios, a veces usurpados mediante maniobras de baja política burocrática. Nada tan protegido como el derecho adquirido de la propiedad privada, sin embargo, debe tener una función social. Nada más difícil de justificar que unas pensiones que nunca fueron trabajadas por sus beneficiarios, sino usurpadas con maniobras legales pero no éticas. Nada más deplorable que un Ministerio Público con una visión barata sobre la agobiante situación de la bomba pensional del país.
Es largo el listado de atropellos contra la sociedad en su conjunto que cometen los que alegan derechos adquiridos, como por ejemplo los invasores de las Islas del Rosario; los constructores disfrazados de hoteleros en el Parque Tayrona; los hacinados edificios de lujo y también casuchas en los cerros orientales de Bogotá y de ciudades como Medellín; los delfines de nuestra mediocre clase política que heredan de sus padres la clientela burocrática para perpetuar nuestra hipócrita y estrecha democracia, entre otros mas.
El principio de igualdad instaurado por la Revolución Francesa y que hoy deviene en una necesidad de equidad social y política, no puede subordinarse y despreciarse con la tesis de los derechos adquiridos. Mientras económicamente se desdibujan fronteras, se abren mercados, circulan capitales, se combaten monopolios y tratos preferenciales, preocupa la intención de aquellos que dicen defender los derechos ciudadanos, porque parecieran defender solo a los que tienen privilegios adquiridos, o mejor usurpados, pero en detrimento de aquellos que no tienen nada, ni siquiera una expectativa de derechos.
Nadie ni nada es intocable, ni nadie ni nada es inamovible. Para los defensores del inequitativo statu quo de nuestra nación vienen debates que se espera aborden con altura, sin sectarismos, sin sofismas, sin violencias, sin discursos excluyentes o “despalomados”, pero sobre todo sin abusos de poder.
Triste y débil la defensa del Procurador a los privilegios pensionales de quienes lo eligieron.
Demostró como un valioso argumento como el de los derechos adquiridos, utilizado de la forma maniquea y obsoleta como su visión del mundo, puede convertirse en una declaración de guerra, no sólo contra las leyes de la República, sino contra las leyes económicas.
Lo inamovible e intocable en lo social es la premisa argumentativa de aquellos que, dada su incompetencia para sobrevivir en un mundo cambiante, necesitan garantizar sus privilegios, a veces usurpados mediante maniobras de baja política burocrática. Nada tan protegido como el derecho adquirido de la propiedad privada, sin embargo, debe tener una función social. Nada más difícil de justificar que unas pensiones que nunca fueron trabajadas por sus beneficiarios, sino usurpadas con maniobras legales pero no éticas. Nada más deplorable que un Ministerio Público con una visión barata sobre la agobiante situación de la bomba pensional del país.
Es largo el listado de atropellos contra la sociedad en su conjunto que cometen los que alegan derechos adquiridos, como por ejemplo los invasores de las Islas del Rosario; los constructores disfrazados de hoteleros en el Parque Tayrona; los hacinados edificios de lujo y también casuchas en los cerros orientales de Bogotá y de ciudades como Medellín; los delfines de nuestra mediocre clase política que heredan de sus padres la clientela burocrática para perpetuar nuestra hipócrita y estrecha democracia, entre otros mas.
El principio de igualdad instaurado por la Revolución Francesa y que hoy deviene en una necesidad de equidad social y política, no puede subordinarse y despreciarse con la tesis de los derechos adquiridos. Mientras económicamente se desdibujan fronteras, se abren mercados, circulan capitales, se combaten monopolios y tratos preferenciales, preocupa la intención de aquellos que dicen defender los derechos ciudadanos, porque parecieran defender solo a los que tienen privilegios adquiridos, o mejor usurpados, pero en detrimento de aquellos que no tienen nada, ni siquiera una expectativa de derechos.
Nadie ni nada es intocable, ni nadie ni nada es inamovible. Para los defensores del inequitativo statu quo de nuestra nación vienen debates que se espera aborden con altura, sin sectarismos, sin sofismas, sin violencias, sin discursos excluyentes o “despalomados”, pero sobre todo sin abusos de poder.