Me disculpo, pues en mi anterior columna me referí, por error, al “suegro” del expresidente Juan Manuel Santos como el ejecutor del contrato del Registro Único Nacional de Transporte (RUNT) desde noviembre de 2007, siendo correcto haber escrito “consuegro”: el señor Mario Fernando Pinzón, accionista de Intelred S. A., y principal propietario de la concesión que maneja el RUNT.
Habiendo aclarado lo anterior, me permito informar que la suerte del consuegro sí va mucho más allá de la mera prórroga irregular del RUNT para su compañía por parte del actual Gobierno.
Mediante acto administrativo de Liquidación Oficial de Revisión No. 743 DDI 038450, proferido por la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, se impuso el 17 de junio de 2014 una multa por $893’836.000 a la Concesión Runt S. A., cuyo principal propietario es el señor Mario Fernando Pinzón, esposo de Alicia Naranjo, quien estuvo al frente del Instituto Nacional de Vías en el gobierno de Álvaro Uribe.
Lo curioso es que esta multa, fundamentada por una probada omisión de ingresos para bajar la base gravable del ICA, fue revocada por el mismo funcionario que la impuso, Giovanni Ortegón Sánchez, y apenas dos días antes de que se venciera el término legal establecido para que la Concesión Runt S. A. presentara sus descargos u objeciones a la multa. El funcionario lo hizo de oficio, sin que mediara palabra o defensa del sancionado.
Por si fuera poco, el mismo funcionario de impuestos distritales es quien notificó personalmente a la Concesión Runt S. A. su decisión de echar para atrás la multa y fue quien subió con su usuario al sistema, con fecha 15 de agosto de 2014, su acto revocatorio, omitiendo el debido procedimiento de notificación de Hacienda Distrital y apenas horas antes de que quedara en firme la multa.
Perdón y olvido muy extraño por parte de un funcionario público, débilmente sustentado en una sola hoja, en beneficio de un particular que ni siquiera reviró formalmente por esa multa, pero en detrimento del recaudo distrital. Y para no olvidar las obligaciones de los funcionarios públicos, cabe recordarle a la señora ministra de Trasporte, Ángela María Orozco, que le quedan 20 meses para abrir y adjudicar la licitación para el manejo del RUNT, para que no repita demoras como la de reglamentar Uber.
@jrobertoacosta1
Me disculpo, pues en mi anterior columna me referí, por error, al “suegro” del expresidente Juan Manuel Santos como el ejecutor del contrato del Registro Único Nacional de Transporte (RUNT) desde noviembre de 2007, siendo correcto haber escrito “consuegro”: el señor Mario Fernando Pinzón, accionista de Intelred S. A., y principal propietario de la concesión que maneja el RUNT.
Habiendo aclarado lo anterior, me permito informar que la suerte del consuegro sí va mucho más allá de la mera prórroga irregular del RUNT para su compañía por parte del actual Gobierno.
Mediante acto administrativo de Liquidación Oficial de Revisión No. 743 DDI 038450, proferido por la Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, se impuso el 17 de junio de 2014 una multa por $893’836.000 a la Concesión Runt S. A., cuyo principal propietario es el señor Mario Fernando Pinzón, esposo de Alicia Naranjo, quien estuvo al frente del Instituto Nacional de Vías en el gobierno de Álvaro Uribe.
Lo curioso es que esta multa, fundamentada por una probada omisión de ingresos para bajar la base gravable del ICA, fue revocada por el mismo funcionario que la impuso, Giovanni Ortegón Sánchez, y apenas dos días antes de que se venciera el término legal establecido para que la Concesión Runt S. A. presentara sus descargos u objeciones a la multa. El funcionario lo hizo de oficio, sin que mediara palabra o defensa del sancionado.
Por si fuera poco, el mismo funcionario de impuestos distritales es quien notificó personalmente a la Concesión Runt S. A. su decisión de echar para atrás la multa y fue quien subió con su usuario al sistema, con fecha 15 de agosto de 2014, su acto revocatorio, omitiendo el debido procedimiento de notificación de Hacienda Distrital y apenas horas antes de que quedara en firme la multa.
Perdón y olvido muy extraño por parte de un funcionario público, débilmente sustentado en una sola hoja, en beneficio de un particular que ni siquiera reviró formalmente por esa multa, pero en detrimento del recaudo distrital. Y para no olvidar las obligaciones de los funcionarios públicos, cabe recordarle a la señora ministra de Trasporte, Ángela María Orozco, que le quedan 20 meses para abrir y adjudicar la licitación para el manejo del RUNT, para que no repita demoras como la de reglamentar Uber.
@jrobertoacosta1