De los $6,4 billones que se recibieron por la venta de Isagén en enero pasado, el 10 % se entregó a un fondo pensional de gobernaciones y municipios, 50 % sigue en manos de la Tesorería General de la Nación y sólo el 40 % ha llegado al destino prometido por el Gobierno.
Este 40 % fue depositado en el Fondo de Desarrollo (Fondes), una de esas entelequias jurídicas con las que los gobiernos manejan recursos por fuera del Presupuesto General de la Nación, evadiendo la aprobación del Congreso como ordena la Constitución y armando una contabilidad paralela que pocos vigilan.
Con los $2,5 billones recibidos por el Fondes se hicieron dos préstamos a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el primero por $1 billón a un plazo de 10 años, a una tasa fija del 8,33 % anual, es decir, ya estamos perdiendo en términos reales con la inflación del 8,6 % anual, y el segundo préstamo fue de $1,5 billones, en bonos que nos devolverán en 19 años y pagarán un rendimiento de inflación más 4,42 % anual.
El negocio sólo será rentable para la nación si la FDN presta esos dineros a mayores intereses y, lógicamente, si dichos préstamos a inversionistas privados se recuperan. Ahí es donde empiezan los riesgos, pues los proyectos y obras de infraestructura, como carreteras o puertos, están prometiendo a sus prestamistas rendimientos muy elevados, como el caso del Proyecto Pacífico III, que pagará un interés anual de inflación más 7 %. Y cabe recordar que entre más rentabilidad, mayor será el riesgo.
Adicionalmente, el Fondes y la FDN se están usando para compensar con sus préstamos la debilitada inversión pública, que el Gobierno decidió recortar en $12 billones dentro del presupuesto que presentará próximamente al Congreso, frente a lo aprobado inicialmente para el año pasado. Ya están prestando a particulares para construir escuelas y no sólo carreteras, pero todo mediante la modalidad de contratación privada, que se presta para una sofisticada corrupción, como sucedió en Reficar.
Así las cosas, el Gobierno nos tiene “embolatados” $3,3 billones de Isagén, instrumentalizó al Fondes y a la FDN para “privatizar” parte de la “inversión pública”, y decidió exponer valiosos recursos públicos a elevados riesgos privados que pocos entienden y menos vigilan. Pero, frescos, vienen más impuestos.
@jrobertoacosta1; jrobertoacostaopinion@gmail.com
De los $6,4 billones que se recibieron por la venta de Isagén en enero pasado, el 10 % se entregó a un fondo pensional de gobernaciones y municipios, 50 % sigue en manos de la Tesorería General de la Nación y sólo el 40 % ha llegado al destino prometido por el Gobierno.
Este 40 % fue depositado en el Fondo de Desarrollo (Fondes), una de esas entelequias jurídicas con las que los gobiernos manejan recursos por fuera del Presupuesto General de la Nación, evadiendo la aprobación del Congreso como ordena la Constitución y armando una contabilidad paralela que pocos vigilan.
Con los $2,5 billones recibidos por el Fondes se hicieron dos préstamos a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el primero por $1 billón a un plazo de 10 años, a una tasa fija del 8,33 % anual, es decir, ya estamos perdiendo en términos reales con la inflación del 8,6 % anual, y el segundo préstamo fue de $1,5 billones, en bonos que nos devolverán en 19 años y pagarán un rendimiento de inflación más 4,42 % anual.
El negocio sólo será rentable para la nación si la FDN presta esos dineros a mayores intereses y, lógicamente, si dichos préstamos a inversionistas privados se recuperan. Ahí es donde empiezan los riesgos, pues los proyectos y obras de infraestructura, como carreteras o puertos, están prometiendo a sus prestamistas rendimientos muy elevados, como el caso del Proyecto Pacífico III, que pagará un interés anual de inflación más 7 %. Y cabe recordar que entre más rentabilidad, mayor será el riesgo.
Adicionalmente, el Fondes y la FDN se están usando para compensar con sus préstamos la debilitada inversión pública, que el Gobierno decidió recortar en $12 billones dentro del presupuesto que presentará próximamente al Congreso, frente a lo aprobado inicialmente para el año pasado. Ya están prestando a particulares para construir escuelas y no sólo carreteras, pero todo mediante la modalidad de contratación privada, que se presta para una sofisticada corrupción, como sucedió en Reficar.
Así las cosas, el Gobierno nos tiene “embolatados” $3,3 billones de Isagén, instrumentalizó al Fondes y a la FDN para “privatizar” parte de la “inversión pública”, y decidió exponer valiosos recursos públicos a elevados riesgos privados que pocos entienden y menos vigilan. Pero, frescos, vienen más impuestos.
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