La aparición de sociedades en Panamá que involucran a Darío Arizmendi y a otros directores de noticias, así como a exministros de Hacienda como Carrasquilla y Echeverry, constituye un grave precedente difícil de digerir éticamente en una coyuntura como la actual, en la que se busca justificar una dizque “inevitable” reforma tributaria “estructural”, pero que ellos saben terminará reducida al aumento del IVA y a su ampliación a bienes de primera necesidad, mientras que la elusión y evasión fiscal en paraísos fiscales no es atacada para recoger los impuestos necesarios para cubrir el hueco fiscal.
Aunque les cabe el beneficio de la duda, justificar esas sociedades por cuestiones de seguridad es ocultar que el esquema de protección de estas personalidades públicas es pagado con los impuestos de los colombianos, o decir que es por los engorrosos trámites en Colombia es ignorar que para dar vida jurídica a esas entelequias en Panamá también exigen de muchos trámites para darles una fachada funcional con extraños propósitos, esos sí no muy fáciles de explicar.
Decir que lo clave no es quién tiene sociedades en Panamá sino quién evadió impuestos es otro distractor, pues si la DIAN decidiera investigarlos lo más probable es que cualquier implicado en evasión se allane a reconocer rápidamente sus pecados, pague las multas correspondientes y se acoja de inmediato al beneficio de reserva tributaria, con lo que nunca se conocerían sus entuertos fiscales.
El silencio de los medios en este tema es sospechoso, pero también es prueba irrefutable de que lo que nos informan es lo que conviene a los intereses privados que representan y no a los intereses públicos que dicen defender. Un “sistema radial acusatorio” parcializado que nos recuerda a Marat y a Robespierre, ese sí incorruptible, pero ambientado con humoristas funcionales, mientras la guillotina mediática parcializada cae a gusto de la pauta publicitaria, salpicando con la víctima de turno a un pueblo ignorante que aplaude entre chiste y rechifla, sin darse cuenta de que le sacan del bolsillo más impuestos bajo el argumento falso de que no hay alternativa distinta, mientras los verdugos sí tuvieron alternativa y posibilidad de decidir entre registrar sus negocios en un paraíso fiscal o hacerlo en el país que los escucha diariamente o los nombra en altos cargos públicos.
*José Roberto Acosta
@jrobertoacosta1 / jrobertoacostaopinion@gmail.com
La aparición de sociedades en Panamá que involucran a Darío Arizmendi y a otros directores de noticias, así como a exministros de Hacienda como Carrasquilla y Echeverry, constituye un grave precedente difícil de digerir éticamente en una coyuntura como la actual, en la que se busca justificar una dizque “inevitable” reforma tributaria “estructural”, pero que ellos saben terminará reducida al aumento del IVA y a su ampliación a bienes de primera necesidad, mientras que la elusión y evasión fiscal en paraísos fiscales no es atacada para recoger los impuestos necesarios para cubrir el hueco fiscal.
Aunque les cabe el beneficio de la duda, justificar esas sociedades por cuestiones de seguridad es ocultar que el esquema de protección de estas personalidades públicas es pagado con los impuestos de los colombianos, o decir que es por los engorrosos trámites en Colombia es ignorar que para dar vida jurídica a esas entelequias en Panamá también exigen de muchos trámites para darles una fachada funcional con extraños propósitos, esos sí no muy fáciles de explicar.
Decir que lo clave no es quién tiene sociedades en Panamá sino quién evadió impuestos es otro distractor, pues si la DIAN decidiera investigarlos lo más probable es que cualquier implicado en evasión se allane a reconocer rápidamente sus pecados, pague las multas correspondientes y se acoja de inmediato al beneficio de reserva tributaria, con lo que nunca se conocerían sus entuertos fiscales.
El silencio de los medios en este tema es sospechoso, pero también es prueba irrefutable de que lo que nos informan es lo que conviene a los intereses privados que representan y no a los intereses públicos que dicen defender. Un “sistema radial acusatorio” parcializado que nos recuerda a Marat y a Robespierre, ese sí incorruptible, pero ambientado con humoristas funcionales, mientras la guillotina mediática parcializada cae a gusto de la pauta publicitaria, salpicando con la víctima de turno a un pueblo ignorante que aplaude entre chiste y rechifla, sin darse cuenta de que le sacan del bolsillo más impuestos bajo el argumento falso de que no hay alternativa distinta, mientras los verdugos sí tuvieron alternativa y posibilidad de decidir entre registrar sus negocios en un paraíso fiscal o hacerlo en el país que los escucha diariamente o los nombra en altos cargos públicos.
*José Roberto Acosta
@jrobertoacosta1 / jrobertoacostaopinion@gmail.com