El actuar del Gobierno en muchas instituciones ha dado continuidad con los mismos funcionarios de libre nombramiento y remoción, a pesar de estar involucrados en complejas conductas de corrupción técnica, que deberían llegar hasta las últimas consecuencias en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
Fiduciaria La Previsora adelantó la invitación pública 017 de 2018 para la prestación del servicio de administración, organización, almacenamiento y custodia de su archivo, por un valor de $12.654 millones, pero que según ABC Servitecnic, uno de los proponentes, se evidenció en este proceso una “flagrante violación al debido proceso, a la igualdad, trasparencia y publicidad”. Los hecho ya están en conocimiento de la Procuraduría.
Según Control Interno de Fiduprevisora, existen “situaciones presuntamente confusas en la determinación de los criterios habilitantes y de selección, adoptados en algunos procesos de selección de proveedores de la empresa y sus negocios”, pero todo sigue igual.
Y todo más enredado por cuenta de “dificultades en la definición de competencias frente a la celebración, modificación, terminación y liquidación de los contratos y órdenes de servicios”, derivados de la Resolución 040 del 10 de octubre de 2018, que modificó la delegación en material contractual, diluyendo responsabilidades en mandos medios.
El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, ha sido advertido de estas irregularidades, sin que hasta la fecha haya dado por terminados procesos contractuales como la invitación pública n.° 17, en la que el ordenador del gasto que toma la decisión de qué hacer con los recursos públicos no aclara su competencias y conflictos de intereses. Igual pasa con el contrato a Certicámara, beneficiada irregularmente en Fonade en los tiempos del Ñoño Elías, y el delicado manejo de recursos de Colciencias y de atención en salud para personas privadas de libertad.
Fiduprevisora es una más de esas empresas de naturaleza mixta con un modelo especial de contratación y que se presta para burlar la Ley 80 de 1993. Maneja el Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fecode), que tiene muchos enemigos y recibirá $1,1 billones en títulos de deuda pública, que ojalá no sean manoseados con el fin de especular en el mercado bursátil para beneficio de particulares.
Advertido el ministro Carrasquilla, ¿qué dice de esta situación? ¿La promueve? Estamos hablando de millones que no podemos perder, salvo que sea otra de sus jugaditas como la de los Bonos Agua a su malograda Ley de Financiamiento.
@jrobertoacosta1; jrobertoacostaopinion@gmail.com
El actuar del Gobierno en muchas instituciones ha dado continuidad con los mismos funcionarios de libre nombramiento y remoción, a pesar de estar involucrados en complejas conductas de corrupción técnica, que deberían llegar hasta las últimas consecuencias en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
Fiduciaria La Previsora adelantó la invitación pública 017 de 2018 para la prestación del servicio de administración, organización, almacenamiento y custodia de su archivo, por un valor de $12.654 millones, pero que según ABC Servitecnic, uno de los proponentes, se evidenció en este proceso una “flagrante violación al debido proceso, a la igualdad, trasparencia y publicidad”. Los hecho ya están en conocimiento de la Procuraduría.
Según Control Interno de Fiduprevisora, existen “situaciones presuntamente confusas en la determinación de los criterios habilitantes y de selección, adoptados en algunos procesos de selección de proveedores de la empresa y sus negocios”, pero todo sigue igual.
Y todo más enredado por cuenta de “dificultades en la definición de competencias frente a la celebración, modificación, terminación y liquidación de los contratos y órdenes de servicios”, derivados de la Resolución 040 del 10 de octubre de 2018, que modificó la delegación en material contractual, diluyendo responsabilidades en mandos medios.
El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, ha sido advertido de estas irregularidades, sin que hasta la fecha haya dado por terminados procesos contractuales como la invitación pública n.° 17, en la que el ordenador del gasto que toma la decisión de qué hacer con los recursos públicos no aclara su competencias y conflictos de intereses. Igual pasa con el contrato a Certicámara, beneficiada irregularmente en Fonade en los tiempos del Ñoño Elías, y el delicado manejo de recursos de Colciencias y de atención en salud para personas privadas de libertad.
Fiduprevisora es una más de esas empresas de naturaleza mixta con un modelo especial de contratación y que se presta para burlar la Ley 80 de 1993. Maneja el Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fecode), que tiene muchos enemigos y recibirá $1,1 billones en títulos de deuda pública, que ojalá no sean manoseados con el fin de especular en el mercado bursátil para beneficio de particulares.
Advertido el ministro Carrasquilla, ¿qué dice de esta situación? ¿La promueve? Estamos hablando de millones que no podemos perder, salvo que sea otra de sus jugaditas como la de los Bonos Agua a su malograda Ley de Financiamiento.
@jrobertoacosta1; jrobertoacostaopinion@gmail.com