Más de la mitad de los $6,2 billones recibidos por la venta de Isagén siguen atrapados en cuentas del Gobierno, sin llegar al destino prometido, y aún no se ha desembolsado ni un solo centavo de esos dineros para las obras de infraestructura de cuarta generación, las cuales nada que arrancan con fuerza.
La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad destinataria de los dineros de Isagén, en lugar de entregar créditos a los constructores con los $2,5 billones que ya recibió de los colombianos, mediante la emisión de bonos a una tasa promedio del 10 % anual, tiene esos dineros invertidos en CDT y cuentas de ahorro a una tasa del 8,6 % anual, es decir, está destruyendo valor de los colombianos, pues, de seguir, este inaceptable margen negativo de intermediación financiera del 1,4 % equivaldría a una pérdida de $360.000 millones en un año. Grave error de administración.
Adicionalmente, el vicepresidente Vargas Lleras, en su desespero por rematar su campaña política con recursos de los contribuyentes antes de renunciar, ha presionado de manera indebida varios cierres financieros de los concesionarios o constructores de las obras de infraestructura, como fue el caso del contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, otorgado por un valor de $2,5 billones al consorcio Navelena, conformado por la colombiana Valorcon y la firma Odebrecht, cuyo presidente fue condenado a cárcel en Brasil por entregar coimas al Gobierno para ganarse contratos.
El afán de Vargas Lleras es tal que, en un inaceptable caso de puerta giratoria, logró que nombraran como vicepresidente jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al sacado director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el señor Fernando Iregui, creando un perjudicial enlace que generará conflictos de interés entre estas dos entidades que deben ir en la misma dirección, pero por caminos diferentes.
Con el reprochable nombramiento de Iregui en la ANI, ¿habrá alguna autoridad de fiscalización y control que revise los atropellos ambientales de sus licencias exprés y ahora de cierres financieros débiles?
Por si fuera poco, voces como las del senador Navarro piden que los recursos de Isagén pendientes de invertir llenen la piñata del posconflicto, gran botín que usufructuarán camarillas y familiares del señor Ernesto Samper, siniestro símbolo histórico de clientelismo y corrupción del país. Lástima. Y no pasa nada.
Más de la mitad de los $6,2 billones recibidos por la venta de Isagén siguen atrapados en cuentas del Gobierno, sin llegar al destino prometido, y aún no se ha desembolsado ni un solo centavo de esos dineros para las obras de infraestructura de cuarta generación, las cuales nada que arrancan con fuerza.
La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entidad destinataria de los dineros de Isagén, en lugar de entregar créditos a los constructores con los $2,5 billones que ya recibió de los colombianos, mediante la emisión de bonos a una tasa promedio del 10 % anual, tiene esos dineros invertidos en CDT y cuentas de ahorro a una tasa del 8,6 % anual, es decir, está destruyendo valor de los colombianos, pues, de seguir, este inaceptable margen negativo de intermediación financiera del 1,4 % equivaldría a una pérdida de $360.000 millones en un año. Grave error de administración.
Adicionalmente, el vicepresidente Vargas Lleras, en su desespero por rematar su campaña política con recursos de los contribuyentes antes de renunciar, ha presionado de manera indebida varios cierres financieros de los concesionarios o constructores de las obras de infraestructura, como fue el caso del contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, otorgado por un valor de $2,5 billones al consorcio Navelena, conformado por la colombiana Valorcon y la firma Odebrecht, cuyo presidente fue condenado a cárcel en Brasil por entregar coimas al Gobierno para ganarse contratos.
El afán de Vargas Lleras es tal que, en un inaceptable caso de puerta giratoria, logró que nombraran como vicepresidente jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al sacado director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el señor Fernando Iregui, creando un perjudicial enlace que generará conflictos de interés entre estas dos entidades que deben ir en la misma dirección, pero por caminos diferentes.
Con el reprochable nombramiento de Iregui en la ANI, ¿habrá alguna autoridad de fiscalización y control que revise los atropellos ambientales de sus licencias exprés y ahora de cierres financieros débiles?
Por si fuera poco, voces como las del senador Navarro piden que los recursos de Isagén pendientes de invertir llenen la piñata del posconflicto, gran botín que usufructuarán camarillas y familiares del señor Ernesto Samper, siniestro símbolo histórico de clientelismo y corrupción del país. Lástima. Y no pasa nada.