Muy mal arrancó el papel del fiscal general de la Nación en la investigación del caso Navelena-Odebrecht, al haberse pronunciado con inusitada velocidad, el pasado 5 de enero, diciendo haber “descartado corrupción”. No había el fiscal terminado de darle la absolución a Navelena cuando a la semana siguiente la opinión pública conoció contundentes pruebas de las irregularidades presentadas en el otorgamiento del crédito del Banco Agrario por $120.000 millones a ese consorcio, encargado de garantizar la navegabilidad del río Magdalena.
Afortunadamente, la Procuraduría ya abrió investigación disciplinaria a la junta directiva y a algunos vicepresidentes del Banco Agrario. Mientras tanto, la Fiscalía parece haber cambiado su indulgente posición inicial.
Será importante que investigue por qué un tema de grandes efectos reputacionales sobre Navelena, como lo era la pública y escandalosa captura del señor Marcelo Odebrecht en Brasil, fue desestimada sospechosamente por los miembros de la junta directiva, así como el hecho de que Odebrecht en Colombia estaba quebrada.
No puede ignorar la Fiscalía el hecho de que prestarle a un consorcio con uno de sus socios quebrado y con desprestigio internacional es una fuente de graves delitos que se agravan por tratarse de una entidad financiera pública.
No puede ignorar el fiscal que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el senador Carlos F. Galán, del mismo partido del vicepresidente Vargas Lleras, hayan reconocido la injerencia de este último para frenar un segundo crédito del Banco Agrario a Navelena. No sólo evidencia la filtración y el uso de información privilegiada, que debe ser reservada en una entidad financiera, sino un posible tráfico de influencias.
No puede ignorar el fiscal, ni la Superfinanciera, el vínculo de parentesco entre Francisco Estupiñán y Mario A. Estupiñán Alvarado —padre e hijo respectivamente—, quienes desde sus responsabilidades de decisión en la junta del Banco Agrario —el padre— y la presidencia de Fiduoccidente —el hijo— adelantaron el crédito sin declarar el obvio conflicto de interés.
No puede ignorar el fiscal que la denuncia penal presentada por el ministro de Agricultura y el secretario de Transparencia de la Presidencia sólo desvía la investigación hacia los mandos medios.
Aún es tiempo de corregir el caminado, de lo contrario tendremos nuevamente otro ejemplo de cómo un reconocido abogado se convierte en un mal fiscal general de la Nación.
@jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com
Muy mal arrancó el papel del fiscal general de la Nación en la investigación del caso Navelena-Odebrecht, al haberse pronunciado con inusitada velocidad, el pasado 5 de enero, diciendo haber “descartado corrupción”. No había el fiscal terminado de darle la absolución a Navelena cuando a la semana siguiente la opinión pública conoció contundentes pruebas de las irregularidades presentadas en el otorgamiento del crédito del Banco Agrario por $120.000 millones a ese consorcio, encargado de garantizar la navegabilidad del río Magdalena.
Afortunadamente, la Procuraduría ya abrió investigación disciplinaria a la junta directiva y a algunos vicepresidentes del Banco Agrario. Mientras tanto, la Fiscalía parece haber cambiado su indulgente posición inicial.
Será importante que investigue por qué un tema de grandes efectos reputacionales sobre Navelena, como lo era la pública y escandalosa captura del señor Marcelo Odebrecht en Brasil, fue desestimada sospechosamente por los miembros de la junta directiva, así como el hecho de que Odebrecht en Colombia estaba quebrada.
No puede ignorar la Fiscalía el hecho de que prestarle a un consorcio con uno de sus socios quebrado y con desprestigio internacional es una fuente de graves delitos que se agravan por tratarse de una entidad financiera pública.
No puede ignorar el fiscal que el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el senador Carlos F. Galán, del mismo partido del vicepresidente Vargas Lleras, hayan reconocido la injerencia de este último para frenar un segundo crédito del Banco Agrario a Navelena. No sólo evidencia la filtración y el uso de información privilegiada, que debe ser reservada en una entidad financiera, sino un posible tráfico de influencias.
No puede ignorar el fiscal, ni la Superfinanciera, el vínculo de parentesco entre Francisco Estupiñán y Mario A. Estupiñán Alvarado —padre e hijo respectivamente—, quienes desde sus responsabilidades de decisión en la junta del Banco Agrario —el padre— y la presidencia de Fiduoccidente —el hijo— adelantaron el crédito sin declarar el obvio conflicto de interés.
No puede ignorar el fiscal que la denuncia penal presentada por el ministro de Agricultura y el secretario de Transparencia de la Presidencia sólo desvía la investigación hacia los mandos medios.
Aún es tiempo de corregir el caminado, de lo contrario tendremos nuevamente otro ejemplo de cómo un reconocido abogado se convierte en un mal fiscal general de la Nación.
@jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com