En el contrato Tunjuelo-Canoas se imputan cargos a los representantes legales del socio minoritario de Odebrecht en ese negocio, pero a los socios principales de los delincuentes de Odebrecht en la Concesión Ruta del Sol no se les toca.
El principal socio de Odebrecht nombró al oficial de cumplimiento y al controller dentro de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., los cargos claves para el seguimiento y la supervisión de dineros y subcontratos en ese negocio.
Está confesada la recepción, por parte del viceministro de Trasporte del año 2009, de un soborno de US$6,5 millones provenientes de Odebrecht, así como el soborno de US$4,6 millones al senador Otto Bula. Lentamente se investiga a otros senadores, actualmente activos, por recibir sobornos, ya no para conseguir contratos, sino para mover leyes que favorecieran a los corruptos en materia tributaria y financiera para el desarrollo de los contratos obtenidos.
Probadas plenamente las causales para caducar el contrato a la Concesionaria Ruta del Sol, que perjudicaría merecidamente a sus socios con pérdidas millonarias e inhabilidad para volver a contratar con el Estado, el 16 de febrero de 2017, el superintendente de Industria y Comercio expidió la resolución 5216, que ordenó liquidar anticipadamente dicho contrato, haciéndoles gran “favor” a los bandidos de Odebrecht y a sus socios, despejando el camino para que se embolsillen $700.000 millones adicionales por cuenta del bolsillo de los colombianos.
En audiencia del 22 de junio de 2017, ante el Tribunal de Arbitramento, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura, el dr. Luis Fernando Andrade pidió declarar la nulidad del contrato, con lo que los socios de la concesionaria no tendrían derecho a recibir ningún tipo de utilidades, inhabilitándose para contratar nuevamente con el Estado, pero ahí aparecieron los “buldózeres” parlamentarios y armaron la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, que con su artículo 20 permite “lavar” aportes de los socios de la concesión gastados en sobornos, lobbying de congresistas, asesorías que no aportaron nada a las obras y pagos anticipados de utilidades. Ya los abogados de Odebrecht pidieron la aplicación de esta torcida ley.
Hasta la fecha, quienes pagaron los sobornos están libres. Todos personajes con nombre propio y de partidos políticos que pelean en público, mientras en privado se reparten las coimas para elegirse nuevamente.
En el contrato Tunjuelo-Canoas se imputan cargos a los representantes legales del socio minoritario de Odebrecht en ese negocio, pero a los socios principales de los delincuentes de Odebrecht en la Concesión Ruta del Sol no se les toca.
El principal socio de Odebrecht nombró al oficial de cumplimiento y al controller dentro de la Concesión Ruta del Sol S.A.S., los cargos claves para el seguimiento y la supervisión de dineros y subcontratos en ese negocio.
Está confesada la recepción, por parte del viceministro de Trasporte del año 2009, de un soborno de US$6,5 millones provenientes de Odebrecht, así como el soborno de US$4,6 millones al senador Otto Bula. Lentamente se investiga a otros senadores, actualmente activos, por recibir sobornos, ya no para conseguir contratos, sino para mover leyes que favorecieran a los corruptos en materia tributaria y financiera para el desarrollo de los contratos obtenidos.
Probadas plenamente las causales para caducar el contrato a la Concesionaria Ruta del Sol, que perjudicaría merecidamente a sus socios con pérdidas millonarias e inhabilidad para volver a contratar con el Estado, el 16 de febrero de 2017, el superintendente de Industria y Comercio expidió la resolución 5216, que ordenó liquidar anticipadamente dicho contrato, haciéndoles gran “favor” a los bandidos de Odebrecht y a sus socios, despejando el camino para que se embolsillen $700.000 millones adicionales por cuenta del bolsillo de los colombianos.
En audiencia del 22 de junio de 2017, ante el Tribunal de Arbitramento, de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. contra la Agencia Nacional de Infraestructura, el dr. Luis Fernando Andrade pidió declarar la nulidad del contrato, con lo que los socios de la concesionaria no tendrían derecho a recibir ningún tipo de utilidades, inhabilitándose para contratar nuevamente con el Estado, pero ahí aparecieron los “buldózeres” parlamentarios y armaron la Ley 1882 del 15 de enero de 2018, que con su artículo 20 permite “lavar” aportes de los socios de la concesión gastados en sobornos, lobbying de congresistas, asesorías que no aportaron nada a las obras y pagos anticipados de utilidades. Ya los abogados de Odebrecht pidieron la aplicación de esta torcida ley.
Hasta la fecha, quienes pagaron los sobornos están libres. Todos personajes con nombre propio y de partidos políticos que pelean en público, mientras en privado se reparten las coimas para elegirse nuevamente.