Los piratas de la salud

Quedó expuesto con la medida cautelar de urgencia, con la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el avanzado proceso de venta de Medimás a un extranjero, que dicha maniobra no es una medida idónea o alternativa para solventar las problemáticas advertidas por distintos organismos de control.

Quedó claro que Medimás no ha pagado las cuotas prometidas para la compra de los millones de usuarios de Cafesalud y otros activos. Aunque desde julio pasado Medimás debe cuotas por $123.260 millones, la Agente Liquidadora de Saludcooop no ha convocado el Tribunal de Arbitramento para exigirles la terminación del vínculo contractual y el pago de los perjuicios por su incumplimiento. Todo lo contrario, sospechosamente permitió seguir adelante con la materialización de un negocio jurídico que podría significar que los responsables de semejante incumplimiento eludan las posibles sanciones de los organismos de control. Lo anterior, sin contar con los obstáculos que representaría para la efectividad de sentencias condenatorias el hecho de que el nuevo dueño de Medimás sería una sociedad regida por un ordenamiento jurídico extranjero.

Habilidad de los asesores privados en todo este entuerto, ya vinculados en el proceso, así como de los representante legales y seis miembros de la junta directiva de Medimás, sobre los que la Procuraduría abrió esta semana investigación disciplinaria por irregularidades en el manejo de los recursos públicos del sistema de salud.

Irregularidades que no se compadecen con la difícil situación de sus empleados, a quienes no se les paga cumplidamente, mientras concentran el giro directo de recursos públicos de la salud en solo 16 IPS relacionadas con los dueños de Medimás. Llama la atención el caso de la IPS Cepain SAS, a cuyos dueños y beneficiarios se debería investigar si tienen vínculo con el señor Guillermo Grosso, actualmente preso por su papel como interventor de Saludcoop y Cafesalud. Ha sido por medio de Cepain SAS que se pactan jugosas indemnizaciones y contratos a unos pocos y “privilegiados empleados y asesores”, mientras que la mayoría de trabajadores aguantan física hambre. Línea de investigación del caso Grosso que deberían profundizar el fiscal general Martínez y la Superintendencia.

El botín son los billonarios recursos públicos del sistema de salud, mientras los piratas solo cambian de barco para el saqueo, buscando evadir el control público mediante negocios con sociedades privadas y ahora extranjeras.

@jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com