El pasado 29 de abril, el Ministerio de Trasporte prorrogó por treinta meses el contrato de concesión N.° 033 para el manejo de Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) al mismo contratista que lo viene ejecutando desde noviembre del año 2007, con el argumento de no afectar la continuidad del servicio, pues se les hizo tarde para hacer una nueva licitación.
¿Por qué el anterior gobierno no adelantó con tiempo una licitación? ¿Tendrá algo que ver el hecho de que el hijo del principal accionista del concesionario, Intelred S.A., se casó con la hija del presidente Juan Manuel Santos? ¿Por qué el actual gobierno tampoco adelantó la tarea?
El contratista incumplió la cláusula 35.3 del contrato, según la cual “el concesionario deberá preparar con un año de anticipación a la terminación del contrato, la reversión y para tal efecto hará la transferencia tecnológica al Ministerio o a quien este designe... a un nivel que permita que quien reciba pueda continuar prestando el servicio RUNT y la expedición de certificados de información con la misma continuidad y calidad”.
Otro que no vio ni anticipó nada fue el interventor del contrato, Redcom Ltda., a quien, de acuerdo con la cláusula 45 del contrato inicial, le correspondía la vigilancia de la ejecución y el cumplimiento del contrato, incluyendo su reversión y liquidación. Pero además de “ciego”, alcahuete, ya que, mediante un sencillo correo electrónico, enviado cinco días antes de la terminación contractual, justificó la prórroga sin mediar licitación pública, con el argumento de que la jugosa adición costaba solo $109.331 millones, por debajo del 50 % del valor del contrato inicial, que calculó en $294.307 millones, cumpliendo el requisito del artículo 40 del Estatuto de Contratación Pública.
En solo treinta meses de prórroga el contratista tendrá ingresos pulpitos, equivalentes al 37,15 % de los obtenidos por todos los 138 meses del plazo inicial. Gran regalo de bodas.
Además de responder por el intento de salvarles, con cargo a nuestros impuestos, el dinero a los bancos damnificados por la corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval en Ruta del Sol II, la ministra de Trasporte deberá responder en este caso por negligencia, abuso de poder, mala fe y violación de principios constitucionales y legales en beneficio de relaciones contractuales en favor de terceros, que afectan el patrimonio público.
@jrobertoacosta1
El pasado 29 de abril, el Ministerio de Trasporte prorrogó por treinta meses el contrato de concesión N.° 033 para el manejo de Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) al mismo contratista que lo viene ejecutando desde noviembre del año 2007, con el argumento de no afectar la continuidad del servicio, pues se les hizo tarde para hacer una nueva licitación.
¿Por qué el anterior gobierno no adelantó con tiempo una licitación? ¿Tendrá algo que ver el hecho de que el hijo del principal accionista del concesionario, Intelred S.A., se casó con la hija del presidente Juan Manuel Santos? ¿Por qué el actual gobierno tampoco adelantó la tarea?
El contratista incumplió la cláusula 35.3 del contrato, según la cual “el concesionario deberá preparar con un año de anticipación a la terminación del contrato, la reversión y para tal efecto hará la transferencia tecnológica al Ministerio o a quien este designe... a un nivel que permita que quien reciba pueda continuar prestando el servicio RUNT y la expedición de certificados de información con la misma continuidad y calidad”.
Otro que no vio ni anticipó nada fue el interventor del contrato, Redcom Ltda., a quien, de acuerdo con la cláusula 45 del contrato inicial, le correspondía la vigilancia de la ejecución y el cumplimiento del contrato, incluyendo su reversión y liquidación. Pero además de “ciego”, alcahuete, ya que, mediante un sencillo correo electrónico, enviado cinco días antes de la terminación contractual, justificó la prórroga sin mediar licitación pública, con el argumento de que la jugosa adición costaba solo $109.331 millones, por debajo del 50 % del valor del contrato inicial, que calculó en $294.307 millones, cumpliendo el requisito del artículo 40 del Estatuto de Contratación Pública.
En solo treinta meses de prórroga el contratista tendrá ingresos pulpitos, equivalentes al 37,15 % de los obtenidos por todos los 138 meses del plazo inicial. Gran regalo de bodas.
Además de responder por el intento de salvarles, con cargo a nuestros impuestos, el dinero a los bancos damnificados por la corrupción de Odebrecht y el Grupo Aval en Ruta del Sol II, la ministra de Trasporte deberá responder en este caso por negligencia, abuso de poder, mala fe y violación de principios constitucionales y legales en beneficio de relaciones contractuales en favor de terceros, que afectan el patrimonio público.
@jrobertoacosta1