En el nuevo año el Consejo de Estado deberá resolver si el Decreto 1385 del año 2015, que autorizó los autopréstamos con los ahorros privados pensionales, adolece de nulidad por violar normas superiores que prohíben esos innecesarios riesgos financieros. También deberá resolver si la irregular entrevista, dentro del proceso de selección del nuevo registrador nacional, vicia o no el nombramiento del cuestionado Alexánder Vega.
El Gobierno deberá diseñar e implementar la compensación del IVA a partir de las plataformas existentes como Sisbén IV, Familias en Acción o adulto mayor. Si fracasa en este propósito habrá quemado una herramienta de redistribución en momentos en que la equidad es el principal propósito de política pública ante el estancamiento secular de la economía global.
Se deberá cerrar el negocio de Medimás EPS, de conformidad con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del pasado mes de abril, y que fue apelado ante el Consejo de Estado. Se deberán seguir cerrando EPS que se instrumentalizan como máquinas de corrupción y se deberán judicializar más inescrupulosos que, por encima de la vida humana, usufructúan lo público en su exclusivo beneficio.
Se deberá definir el nuevo fiscal general, que defina si habrá ruptura o continuidad con la sucia gestión del funesto Martínez Neira, quien dejó en el fango una institución de la que tanto depende la lucha contra los corruptos y bandidos que tiene ahogada a la nación en sus porquerías.
Se deberán reglamentar plataformas como Rappi y Uber, que constituyen una realidad no entendida por nuestros legisladores y autoridades administrativas, que prefieren tomar medidas de corto plazo y por conveniencia politiquera.
Se adjudicará a nuevos operadores el manejo de Electricaribe, con gabelas financieras con cargos a los impuestos de los contribuyentes y sin hacer respetar los mínimos de eficiencia por parte de los privados, socializando riesgos al tiempo que se privatizan rentas públicas.
Se pondrá en funcionamiento la Holding Financiera para lograr economías de escala y supuestamente frenar nidos de corrupción como lo han sido Banco Agrario, Fiduprevisora, Findeter o el Fondo Nacional del Ahorro, capturadas por un ministro de Hacienda como Carrasquilla, que representa la corrupción técnica por sus antecedentes con los Bonos Agua.
Y serán muchos más los pendientes, pero tal vez ni siquiera alguno de los anteriores podrá ser resuelto por este improvisado gobierno. ¡Feliz año nuevo!
En el nuevo año el Consejo de Estado deberá resolver si el Decreto 1385 del año 2015, que autorizó los autopréstamos con los ahorros privados pensionales, adolece de nulidad por violar normas superiores que prohíben esos innecesarios riesgos financieros. También deberá resolver si la irregular entrevista, dentro del proceso de selección del nuevo registrador nacional, vicia o no el nombramiento del cuestionado Alexánder Vega.
El Gobierno deberá diseñar e implementar la compensación del IVA a partir de las plataformas existentes como Sisbén IV, Familias en Acción o adulto mayor. Si fracasa en este propósito habrá quemado una herramienta de redistribución en momentos en que la equidad es el principal propósito de política pública ante el estancamiento secular de la economía global.
Se deberá cerrar el negocio de Medimás EPS, de conformidad con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del pasado mes de abril, y que fue apelado ante el Consejo de Estado. Se deberán seguir cerrando EPS que se instrumentalizan como máquinas de corrupción y se deberán judicializar más inescrupulosos que, por encima de la vida humana, usufructúan lo público en su exclusivo beneficio.
Se deberá definir el nuevo fiscal general, que defina si habrá ruptura o continuidad con la sucia gestión del funesto Martínez Neira, quien dejó en el fango una institución de la que tanto depende la lucha contra los corruptos y bandidos que tiene ahogada a la nación en sus porquerías.
Se deberán reglamentar plataformas como Rappi y Uber, que constituyen una realidad no entendida por nuestros legisladores y autoridades administrativas, que prefieren tomar medidas de corto plazo y por conveniencia politiquera.
Se adjudicará a nuevos operadores el manejo de Electricaribe, con gabelas financieras con cargos a los impuestos de los contribuyentes y sin hacer respetar los mínimos de eficiencia por parte de los privados, socializando riesgos al tiempo que se privatizan rentas públicas.
Se pondrá en funcionamiento la Holding Financiera para lograr economías de escala y supuestamente frenar nidos de corrupción como lo han sido Banco Agrario, Fiduprevisora, Findeter o el Fondo Nacional del Ahorro, capturadas por un ministro de Hacienda como Carrasquilla, que representa la corrupción técnica por sus antecedentes con los Bonos Agua.
Y serán muchos más los pendientes, pero tal vez ni siquiera alguno de los anteriores podrá ser resuelto por este improvisado gobierno. ¡Feliz año nuevo!