Que no le pase a usted

Terrible maldición para el país si llegara a pasar que los jueces, aprovechando sus facultades para determinar medidas cautelares como embargos, secuestro de bienes y otras limitaciones a la propiedad y al libre accionar de los negocios, terminen bloqueando el libre mercado y la iniciativa privada, sin conciliar las dos exigencias más apremiantes de la justicia: la celeridad y la ponderación.

Por ello, preocupa el manejo que se dé al artículo 590 del Nuevo Código General del Proceso en Colombia, que abrió la posibilidad de que, a petición de uno de los directos involucrados en el litigio, el juez pueda usar las medidas cautelares “innominadas”: potente herramienta judicial que puede ser ordenada sin tener en cuenta los específicos requisitos de ley, sino sólo consideraciones subjetivas para la protección del derecho económico del litigio y que la norma hace depender de criterios tan etéreos como “apariencia de buen derecho” o “necesidad, efectividad y proporcionalidad”.

Esta discrecionalidad del juez, llevada sin cuidado, puede afectar a terceros amenazando el orden público económico de la Nación, el desarrollo fluido de los mercados y las relaciones que en ellos tienen productores y consumidores. Este es el caso de lo ocurrido en la demanda del empresario Carlos Mattos contra Hyundai Motor Company (HMC) por haberle retirado la comercialización de sus vehículos en el país, pero que, por cuenta de esta nueva herramienta judicial esgrimida por el juez responsable, terminó prohibiendo a la sociedad Neocorp y a cualquier otro empresario distribuir la marca y sus productos desde el pasado 1º de julio.

Involucrar a terceros en esta guerra particular de “cacaos” afecta a consumidores y a usuarios de productos Hyundai de todo el país, mientras se resuelven los interminables y kafkianos procesos que los abogados interponen para presionar a su contraparte.

Cierto es que los jueces deben buscar la efectividad de sus fallos, pero de ahí a bloquear mercados y la libre empresa, perjudicando a consumidores y trabajadores de la marca, genera más daños de los que se busca evitar, necesitándose urgente revisar y controlar esta arma de los jueces, de lo contrario crecerá un riesgo monstruoso que pocos empresarios, sin importar su tamaño, podrán administrar, pues tal vez sea cierto que el derecho privado debe ser subordinado a la economía, y no al revés.

@jrobertoacosta1