Hasta hace pocos años, el Estado contrataba la construcción de sus obras públicas con particulares, pero estos últimos malgastaban o se robaban los anticipos que les daban y terminaban incumpliendo, por esto el Gobierno cambió de estrategia y de ahora en adelante los particulares irían como socios, compartiendo riesgos y ganancias.
En esta nueva modalidad contractual, denominada asociaciones público-privadas (APP), el Estado cede la construcción de sus obras públicas a un empresario privado a cambio de que éste, para recuperar su dinero, cobre para sí mismo el peaje de la vía por veinte años o más. Entonces, se supone que la Nación no pone ni un centavo, pero a cambio cede el derecho de usufructuar la nueva vía al particular que la construyó, dizque con su propio dinero.
Pero resulta que esto no es lo que está sucediendo, pues, como en estos proyectos le corresponde al constructor particular adelantar cuantiosas inversiones en compras de tierras, licencias ambientales y obras de infraestructura, entre otros onerosos gastos, en un lapso que se espera no supere cinco años iniciales, pero que espera recuperar en los siguientes veinte años, conseguir quien les preste no ha sido fácil, ya que además de los riesgos financieros existen riesgos ambientales, geográficos, jurídicos y muchos más.
Entonces, como son pocos los banqueros que en su sano juicio se permiten semejantes riesgos, los concesionarios privados han conseguido un patrocinador financiero insospechado: el propio Estado. Lograron que se vendiera Isagén para que con esos recursos públicos les otorgaran créditos blandos; lograron desfigurar la vocación agrícola del Banco Agrario y ya le han sacado créditos y garantías bancarias por $600.000 millones en menos de un año y, como no les ha bastado, lograron que parte de los $182 billones ahorrados para pensiones privadas terminen en sus riesgosos negocios, incurriendo hasta en autopréstamos, pues, por cuenta del decreto 1385 de 2015, la AFP Porvenir les podría prestar a las empresas constructoras de su dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y la AFP Protección también les podría prestar a las constructoras de su propietario, el Grupo Empresarial Antioqueño.
Entonces, ¿qué sentido tiene llevar a un particular en tan jugosos negocios, dizque como socio, si al final el que pone el billete es el propio Estado?
@jrobertoacosta1
Hasta hace pocos años, el Estado contrataba la construcción de sus obras públicas con particulares, pero estos últimos malgastaban o se robaban los anticipos que les daban y terminaban incumpliendo, por esto el Gobierno cambió de estrategia y de ahora en adelante los particulares irían como socios, compartiendo riesgos y ganancias.
En esta nueva modalidad contractual, denominada asociaciones público-privadas (APP), el Estado cede la construcción de sus obras públicas a un empresario privado a cambio de que éste, para recuperar su dinero, cobre para sí mismo el peaje de la vía por veinte años o más. Entonces, se supone que la Nación no pone ni un centavo, pero a cambio cede el derecho de usufructuar la nueva vía al particular que la construyó, dizque con su propio dinero.
Pero resulta que esto no es lo que está sucediendo, pues, como en estos proyectos le corresponde al constructor particular adelantar cuantiosas inversiones en compras de tierras, licencias ambientales y obras de infraestructura, entre otros onerosos gastos, en un lapso que se espera no supere cinco años iniciales, pero que espera recuperar en los siguientes veinte años, conseguir quien les preste no ha sido fácil, ya que además de los riesgos financieros existen riesgos ambientales, geográficos, jurídicos y muchos más.
Entonces, como son pocos los banqueros que en su sano juicio se permiten semejantes riesgos, los concesionarios privados han conseguido un patrocinador financiero insospechado: el propio Estado. Lograron que se vendiera Isagén para que con esos recursos públicos les otorgaran créditos blandos; lograron desfigurar la vocación agrícola del Banco Agrario y ya le han sacado créditos y garantías bancarias por $600.000 millones en menos de un año y, como no les ha bastado, lograron que parte de los $182 billones ahorrados para pensiones privadas terminen en sus riesgosos negocios, incurriendo hasta en autopréstamos, pues, por cuenta del decreto 1385 de 2015, la AFP Porvenir les podría prestar a las empresas constructoras de su dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y la AFP Protección también les podría prestar a las constructoras de su propietario, el Grupo Empresarial Antioqueño.
Entonces, ¿qué sentido tiene llevar a un particular en tan jugosos negocios, dizque como socio, si al final el que pone el billete es el propio Estado?
@jrobertoacosta1