Ante la contundencia probatoria de su torcido proceder como Fiscal General en la corrupción de Consorcio Ruta del Sol perteneciente a Odebrecht y Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez no se pudo defender y apeló al ataque contra la prensa libre y contra quienes han desnudado sus mentiras.
Insistió en que el fallecido Jorge Pizano era su amigo, pero en sus grabaciones desde el año 2015 y en sus testimonios ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante Noticias Uno, Pizano solo manifiesta decepción, desconfianza y rabia por el manejo mañoso del Fiscal General.
Insistió en hacer creer que Jorge Pizano debía denunciar delitos cuando declaró bajo la gravedad de juramento ante el Arbitramento de la Cámara de Comercio donde el corrupto Consorcio Ruta del Sol aún reclama al Estado colombiano $3,6 billones. Obvio que no, Jorge Pizano era testigo, no juez. Un testigo que, como el propio Fiscal Martínez, también estaba convocado como tal en el caso de Luis Fernando Andrade y donde contrastaría en el ámbito penal sus contundentes documentos incriminatorios contra la versión visceral e imprecisa de Martínez.
Insistió en que su intención no era tapar los hallazgos de Jorge Pizano, pero olvidó decir que, como exsuperintendente Bancario y experto en legislación financiera y comercial, conocía y aún conoce la obligación ineludible de haber realizado en el año 2015 el Reporte de Operación Sospechosa ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Pero no reportó, a pesar de los documentos y alarmas expuestas ante el Grupo Aval por Pizano. No haber reportado le implica graves consecuencias por omisión, como en la sospechosa operación de transferencia de US$2,7 millones entre el Banco de Bogotá y el Deustche Bank y cuya sede en Alemania fue allanada esta semana por las autoridades de ese país por estar relacionado con lavado de activos. Otra grave coincidencia.
Y el nombramiento del Fiscal Ad Hoc es tardío y no garantiza una veraz justicia, pues apenas abarca tres de las 17 líneas de investigación. Las trampas de Martínez ya afectan gravemente al cliente que quiso proteger, pues los mercados accionarios local e internacional han dictado sentencia contra el Grupo Aval, desvalorizándolo en US$1.000 millones y sobre los bolsillos manchados del ilegítimo Fiscal General de Colombia. Renuncie y no cause más daños.
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