Contrasta la rapidez de la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de la Empresa de Acueducto de la capital, con la lentitud de la Superintendencia Financiera en el tema de Interbolsa; la inoperancia de la Superintendencia de Sociedades para declarar como grupo económico a Pacific Rubiales y la inoperancia de la Superintendencia de Servicios Públicos cuando Manizales se quedó sin agua el año pasado.
Estas entidades administrativas dependen directamente del poder ejecutivo del Estado, es decir, del presidente de la República, por ello es por lo menos sospechoso que para algunos casos actúen diligentemente y hasta en exceso, como es el caso del absurdo requerimiento en el tema de basuras de Bogotá, haciendo eco a la incendiaria señorita Parody. Cada superintendencia es un gran fortín burocrático, cuya efectividad aún no ha ganado el primer agradecimiento de la ciudadanía por actuar preventivamente, como es su espíritu, salvo las excepciones que confirman la regla, como el estatuto del consumidor, o la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superfinanciera para acuerdos contractuales vigentes y por ello útil para algunos damnificados de Interbolsa.
Si usted como usuario de a pie del sector financiero se queja ante la Superfinanciera, no pasará nada. Igual que si acude a cualquiera de las otras. Pero ha quedado totalmente claro con la precipitada intervención en el poder local bogotano que, aunque no sirven para prevenir, sí sirven para obstaculizar, y lo peor, para defender intereses particulares que bajo la ideología de la libre competencia atropellan intereses públicos tutelados por la propia Corte Constitucional.
Se perfilan estas entidades como “máquinas de guerra” del Estado, usadas por mezquindades sin control como las de consejeras miopes y disfrazadas de para-alcaldesas. Máquinas de guerra que, en lugar de suplir los defectos de la mano invisible de los mercados, se prestan para ser la mano negra de contratistas monopolizadores, que flaco favor le hacen a la seguridad económica de la sociedad.
Máquinas de guerra como los medios de comunicación, que se suman a esa maniquea forma de estratificar ideologías, degradando las que no se alinean con los intereses de sus dueños. Las Superintendencias tienen como principal objetivo lo público y aunque es inevitable que sean permeadas por intereses privados, por lo menos en la forma deben parecer neutrales.
Contrasta la rapidez de la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de la Empresa de Acueducto de la capital, con la lentitud de la Superintendencia Financiera en el tema de Interbolsa; la inoperancia de la Superintendencia de Sociedades para declarar como grupo económico a Pacific Rubiales y la inoperancia de la Superintendencia de Servicios Públicos cuando Manizales se quedó sin agua el año pasado.
Estas entidades administrativas dependen directamente del poder ejecutivo del Estado, es decir, del presidente de la República, por ello es por lo menos sospechoso que para algunos casos actúen diligentemente y hasta en exceso, como es el caso del absurdo requerimiento en el tema de basuras de Bogotá, haciendo eco a la incendiaria señorita Parody. Cada superintendencia es un gran fortín burocrático, cuya efectividad aún no ha ganado el primer agradecimiento de la ciudadanía por actuar preventivamente, como es su espíritu, salvo las excepciones que confirman la regla, como el estatuto del consumidor, o la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superfinanciera para acuerdos contractuales vigentes y por ello útil para algunos damnificados de Interbolsa.
Si usted como usuario de a pie del sector financiero se queja ante la Superfinanciera, no pasará nada. Igual que si acude a cualquiera de las otras. Pero ha quedado totalmente claro con la precipitada intervención en el poder local bogotano que, aunque no sirven para prevenir, sí sirven para obstaculizar, y lo peor, para defender intereses particulares que bajo la ideología de la libre competencia atropellan intereses públicos tutelados por la propia Corte Constitucional.
Se perfilan estas entidades como “máquinas de guerra” del Estado, usadas por mezquindades sin control como las de consejeras miopes y disfrazadas de para-alcaldesas. Máquinas de guerra que, en lugar de suplir los defectos de la mano invisible de los mercados, se prestan para ser la mano negra de contratistas monopolizadores, que flaco favor le hacen a la seguridad económica de la sociedad.
Máquinas de guerra como los medios de comunicación, que se suman a esa maniquea forma de estratificar ideologías, degradando las que no se alinean con los intereses de sus dueños. Las Superintendencias tienen como principal objetivo lo público y aunque es inevitable que sean permeadas por intereses privados, por lo menos en la forma deben parecer neutrales.