El pasado 16 de agosto la Resolución 788 de la alcaldía de Peñalosa adjudicó la licitación pública TMSA-LP-08 por valor de $10.921'650.523 a un consorcio conformado por la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia con 54 % y la Universidad La Gran Colombia con el 46 %, y con el que podrán contratar mínimo a 411 personas en pleno periodo de Ley de Garantías Electorales.
El propósito del contrato es reclutar mediadores sociales que busquen “disminuir a 80 % la percepción de inseguridad en el Sistema de Trasporte Masivo”, más conocido como “Transmilleno”. ¿Qué pasa si no cumplen esa “meta” de percepción? Tal vez nada.
La apariencia de legalidad se garantiza con el cumplimiento de una lista de chequeo para el formal desarrollo de una licitación pública, con la participación de Colombia Compra Eficiente, la publicidad en el Secop II y la concurrencia de 11 proponentes, de los cuales ninguno cumplió con la evaluación jurídica, financiera y técnica al cierre del proceso el día 4 de agosto. Pero siete de ellos sí lograron subsanarla diez días después, adjudicándose al consorcio encabezado por la Escuela Galán que logró un puntaje de 99,6236, superando por milésimas a los dos que le siguieron en puntaje: 99,577 y 99,516. ¡Qué suerte!
La suerte de la Escuela Galán ha sido recurrente, pero les llegó otra bonanza: mientras en la alcaldía de Samuel Moreno les otorgaron contratos por $217 millones y en la de Petro por $324 millones, Peñalosa ya les completó $12.399 millones con este contrato de Transmilenio. A nivel nacional, desde el año 2004 habrían logrado adjudicaciones por $379.125 millones, casi todas en la administración Santos, para un gran total de aprovechamiento de recursos públicos por $392.065 millones en 65 contratos, de los cuales el 74 % habrían sido otorgados a dedo o por contratación directa.
El alcalde Peñalosa debe explicar si este contrato, otorgado a solo 72 días de la elección de su reemplazo en Bogotá, es su voto de confianza a quien desearía que lo sucediera en Bogotá, también de apellido Galán y cuya tía es la representante legal de esta próspera y afortunada “sociedad sin ánimo de lucro” que ha vivido del erario y cuyo gran aporte al país debería ser compartir su “secreto de tan buena suerte”, como acto de verdadera pedagogía democrática.
@jrobertoacosta1, jrobertoacostaopinion@gmail.com
El pasado 16 de agosto la Resolución 788 de la alcaldía de Peñalosa adjudicó la licitación pública TMSA-LP-08 por valor de $10.921'650.523 a un consorcio conformado por la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia con 54 % y la Universidad La Gran Colombia con el 46 %, y con el que podrán contratar mínimo a 411 personas en pleno periodo de Ley de Garantías Electorales.
El propósito del contrato es reclutar mediadores sociales que busquen “disminuir a 80 % la percepción de inseguridad en el Sistema de Trasporte Masivo”, más conocido como “Transmilleno”. ¿Qué pasa si no cumplen esa “meta” de percepción? Tal vez nada.
La apariencia de legalidad se garantiza con el cumplimiento de una lista de chequeo para el formal desarrollo de una licitación pública, con la participación de Colombia Compra Eficiente, la publicidad en el Secop II y la concurrencia de 11 proponentes, de los cuales ninguno cumplió con la evaluación jurídica, financiera y técnica al cierre del proceso el día 4 de agosto. Pero siete de ellos sí lograron subsanarla diez días después, adjudicándose al consorcio encabezado por la Escuela Galán que logró un puntaje de 99,6236, superando por milésimas a los dos que le siguieron en puntaje: 99,577 y 99,516. ¡Qué suerte!
La suerte de la Escuela Galán ha sido recurrente, pero les llegó otra bonanza: mientras en la alcaldía de Samuel Moreno les otorgaron contratos por $217 millones y en la de Petro por $324 millones, Peñalosa ya les completó $12.399 millones con este contrato de Transmilenio. A nivel nacional, desde el año 2004 habrían logrado adjudicaciones por $379.125 millones, casi todas en la administración Santos, para un gran total de aprovechamiento de recursos públicos por $392.065 millones en 65 contratos, de los cuales el 74 % habrían sido otorgados a dedo o por contratación directa.
El alcalde Peñalosa debe explicar si este contrato, otorgado a solo 72 días de la elección de su reemplazo en Bogotá, es su voto de confianza a quien desearía que lo sucediera en Bogotá, también de apellido Galán y cuya tía es la representante legal de esta próspera y afortunada “sociedad sin ánimo de lucro” que ha vivido del erario y cuyo gran aporte al país debería ser compartir su “secreto de tan buena suerte”, como acto de verdadera pedagogía democrática.
@jrobertoacosta1, jrobertoacostaopinion@gmail.com