La Unión Europea debe hacerle frente a Trump

El 27 de julio de 2025, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron un acuerdo preliminar de comercio e inversión en Turnberry, Escocia. Pero, en realidad, no se firmó nada, y aunque así hubiera sido, no habría valido ni el papel en el que estaba escrito. Después de todo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo comercial formal con Canadá y México durante su primer mandato, solo para romperlo en cuanto regresó al cargo.

Por lo tanto, cualquier acuerdo con Trump debe considerarse, en el mejor de los casos, una tregua temporal. Solo se mantendrá hasta que el líder caprichoso de Estados Unidos vea o escuche a alguien o algo que convierta un nuevo capricho en política oficial.

Aun así, vale la pena recordar los detalles del acuerdo de Turnberry, porque algunos eran bastante peculiares. Dado que Europa tiene un 30 % más de habitantes y una economía ligeramente menor (en términos de poder adquisitivo) que la de Estados Unidos, la teoría estándar de la negociación implicaría que cualquier acuerdo sería más o menos simétrico. En cambio, fue totalmente unilateral. Además de imponer aranceles injustos a las importaciones europeas, Europa se comprometió a invertir en Estados Unidos y a comprar su energía.

Sin embargo, la UE, por supuesto, no puede cumplir semejante promesa. Como he señalado en broma a los negociadores comerciales de la UE, Europa no es (todavía) una economía de planificación centralizada. La UE no puede obligar a los europeos a realizar inversiones o compras específicas; las cifras de Turnberry se ofrecieron simplemente para apaciguar a Trump, permitiéndole jactarse de haber utilizado el poder de Estados Unidos para reclamar otra cabeza y extraer más valor de las cadenas de suministro globales. ¿A quién le importa si se pisoteó el derecho internacional? Eso es simplemente lo que hacen las grandes potencias. Basta con mirar a Rusia, con su guerra de conquista contra un vecino pacífico.

Como yo me imaginaba, el alto el fuego no duró. Menos de un mes después, Trump volvió a amenazar a Europa, esta vez por su Ley de Mercados Digitales, que busca garantizar la competencia en el mercado, y la Ley de Servicios Digitales, que pretende mitigar los perjuicios que las plataformas digitales le imponen a Europa. Entre otras cosas, la UE exige cierta “moderación del contenido” para evitar la amplificación algorítmica de la incitación a la violencia y la desinformación que tuvo consecuencias tan desastrosas en Myanmar, e insiste en gravar a las grandes empresas tecnológicas (que han desplegado sus mentes brillantes no solo para atraer a los usuarios, sino también para evadir impuestos).

En contra de lo que parece pensar Trump, estas regulaciones no son discriminatorias contra Estados Unidos y sus gigantes tecnológicos. Se aplican de manera uniforme contra todas las empresas que operan en la UE. Representan el resultado de un largo proceso deliberativo en el que los reguladores y legisladores de la UE sopesaron cuidadosamente los beneficios y los costos asociados a las medidas alternativas en el contexto de un mundo en rápida evolución, con una tecnología que cambia aceleradamente. Como en todos los procesos de este tipo, hubo opiniones divergentes: a algunos les preocupaba que las reglas fueran demasiado restrictivas.

Pero a mí y a muchos otros nos preocupa que las reglas no sean lo suficientemente restrictivas. Los gigantes tecnológicos siguen ejerciendo demasiado poder de mercado, moderan demasiado poco los contenidos y siguen abusando del derecho a la intimidad. La situación está teniendo graves efectos adversos en la sociedad europea, especialmente en sus jóvenes y en su política democrática.

Sin embargo, la cuestión a la que se enfrenta la UE es diferente. Independientemente de sus opiniones sobre las regulaciones existentes, los europeos deben decidir si renuncian o no a su soberanía y a sus procesos democráticos a manos de un populista autoritario y bravucón que cuenta con el respaldo (y a menudo la dirección) de los propios oligarcas tecnológicos de Estados Unidos. Trump ha demostrado sistemáticamente que actúa en interés de sus patrocinadores y familiares más cercanos, no en el interés del pueblo estadounidense y, desde luego, no en el de Europa.

A estas alturas, todos deberíamos saber que la capitulación solo traerá consigo más exigencias en el futuro. No tiene sentido ceder ante un país gobernado por un presidente-rey sin ley, un hombre motivado exclusivamente por obsesiones personales, ideas equivocadas sobre economía y agravios injustificados -y, por lo tanto, irresolubles-. Los valores europeos son demasiado importantes como para sacrificarlos.

Es cierto, enfrentarse a Trump puede tener costos a corto plazo, especialmente para las empresas que dependen del mercado estadounidense. Pero si bien los economistas reconocen desde hace tiempo que el comercio genera beneficios cuando se lleva a cabo en condiciones justas, Trump está tratando de extraer todo el valor agregado que pueda de las cadenas de suministro globales, lo que significa que los beneficios para Europa disminuyen considerablemente -e incluso pueden ser negativos.

La UE tiene la fortaleza económica para resistir los aranceles de Trump, especialmente ahora que está invirtiendo en rearme para ganar la guerra en Ucrania. Asimismo, las pérdidas derivadas de ceder serían mucho mayores. Los principios que han regido el comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial son fundamentales para que el comercio sea ampliamente beneficioso. Sin Estado de derecho, los mercados no ofrecen resultados ni eficientes ni justos. Se desalentaría la inversión, se resentiría el crecimiento y la democracia se vería aún más socavada.

Cuando el presidente chino, Xi Jinping, se enfrentó a Trump, éste se echó para atrás. Y más recientemente, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dejado claro que hay cosas que no se negocian: la soberanía, la dignidad, el Estado de derecho y la democracia de su país. La UE debería hacer lo mismo.

* Joseph E. Stiglitz es premio Nobel de Economía, fue economista jefe del Banco Mundial y presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de Estados Unidos, y es profesor de la Universidad de Columbia.

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