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Es entendible. Ahora el país está concentrado en los resultados electorales del domingo pasado. Hay debates en torno a cábalas políticas, nombramientos de vicepresidentes y apuestas de lo que va a suceder en la primera vuelta del 31 de mayo.
Sin embargo, todo esto es secundario frente a un tema más importante: el peligro de la Asamblea Constituyente propuesta por el gobierno.
Lo cierto es que la mayor división que existe en Colombia no es entre derecha e izquierda, ni entre progresistas y reaccionarios, o liberales y conservadores. Es entre quienes defienden el orden constitucional y quienes desean destruirlo.
Porque ese es el objetivo de la propuesta del gobierno: que si gana las elecciones, su candidato invoque una Asamblea Consituyente para cambiar las reglas de juego de nuestra democracia. Y en ese cambio el movimiento político de Gustavo Petro se mantendrá en el poder. De manera indefinida.
No es cierto que debemos reformar nuestra Carta por deficiente. La nuestra es una de las constituciones más progresistas del continente y del mundo, y la prueba es que ganó la presidencia Gustavo Petro. Criticarla es la excusa para cambiar el orden constitucional. Pero debajo de una justificación aparentemente noble, cambiar la Carta Magna para hacer el país más justo e igualitario, lo que existe es la intención de tomarse el poder para siempre desde el interior mismo de Estado. Es decir, utilizar los mecanismos de la democracia para darle un golpe de muerte a nuestra democracia.
El problema, que por lo visto ni siquiera el gobierno ha contemplado, es que se sabe cómo comienzan los procesos constituyentes pero no cómo terminan. Un buen ejemplo es Chile, donde hubo dos propuestas para reformar su Carta de 1980, una de izquierda en 2021 y otra de derecha en 2023, y ambas fracasaron. ¿Resultado? Su Constitución de 1980 sigue vigente.
Y otro ejemplo más cercano es nuestra propia Constitución de 1991. Cuando se eligió la Asamblea que iba a deliberar la reforma, el presidente César Gaviria y los partidos políticos acordaron un temario limitado. Es decir, que ciertos temas no estarían en la mesa, empezando con el más delicado de entonces, que era la extradición de nacionales. Esa era la obsesión del narcotráfico, porque deseaba tumbarla para evitar el alcance de la justicia gringa. Pero la Corte Suprema tumbó la prohibición y determinó que el temario debía ser libre, salvo lo referente a tratados internacionales, y eso incluía la extradición. Aun así, de lo primero que hizo la Asamblea fue invocar su autonomía y debatir el tema de la extradición, y con los tentáculos tan largos y siniestros de los carteles, esta se terminó cayendo. Fue el mayor triunfo del narcotráfico. Y sólo en 1996, ya muerto Pablo Escobar, se reformó de nuevo la Constitución para que otra vez fuera posible extraditar nacionales.
Ahora el peligro es mayor porque el temario del gobierno no tiene límites reales, y la Asamblea será escogida a dedo, no por elección popular, y servirá, entre otras cosas, para darle impunidad al crimen organizado. Es decir, si Iván Cepeda gana las elecciones y si él invoca la Asamblea Constituyente, nos podremos despedir de nuestra democracia. En suma, estamos asomados al abismo. Y depende de cada uno de nosotros que demos un paso atrás. O un paso adelante.
