¿CÓMO OLVIDAR EL 6 DE NOVIEMBRE de 1985, cuando el M-19 se tomó por asalto el Palacio de Justicia?
Los guerrilleros irrumpieron en la mole del edificio, el que ocupaba un costado de la Plaza de Bolívar, en frente del Capitolio y al lado del Palacio Liévano, con la intención de someter a juicio al presidente de entonces, Belisario Betancur, por el incumplimiento en el proceso de paz que se estaba negociando en esas fechas.
Nunca se supo qué fue peor: o el salvajismo de la guerrilla al lanzar el ataque demencial, o la ferocidad de las Fuerzas Armadas que retomaron el Palacio a sangre y fuego. El país entero vio la imagen bárbara de los tanques derribando la puerta principal del edificio y luego disparando cañonazos a la fachada, y escuchó al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, clamar con insistencia, pero increíblemente sereno en medio del tiroteo, la apremiante solicitud del cese al fuego, la cual fue ignorada por las tropas. En la tarde comenzó el incendio que devoró la edificación y el terror se prolongó durante 28 horas. Luego, en la noche, mientras el Palacio ardía en llamas, el coronel Alfonso Plazas Vega respondió la pregunta de un periodista con una frase histórica: “Mantener la democracia, maestro”. En medio de la tragedia colosal, casi todo colombiano sintió un temblor de fervor patriótico.
Sin embargo, 20 años después se vislumbró la verdad, y el fervor patriótico se reemplazó por la indignación. Se supo que el M-19, que para muchos encarnaba una postura de idealismo, careció por completo de motivos justicieros, pues había hecho pactos secretos con el sector criminal más violento y ramplón del país: el narcotráfico. Pablo Escobar financió la sangrienta toma para borrar los expedientes de los narcos pedidos en extradición por EE.UU. Y los militares no defendieron la democracia. La pisotearon. En una democracia el gobierno civil imparte órdenes que las Fuerzas Armadas acatan. Eso no ocurrió. Al contrario: la tropas entraron a matar. Con orden de dispararle, como diría un testigo, a lo que se moviera. El Ejército marginó al Ejecutivo del operativo y causó lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó una masacre y un holocausto.
¿El saldo de la acción de la guerrilla, la reacción del Ejército y la inacción del Gobierno? La sede de la justicia nacional convertida en cenizas y más de 100 muertos, entre ellos 12 magistrados y 30 cadáveres no identificados. Además, 11 desaparecidos: los empleados de la cafetería. Esta gente salió viva del edificio y algunos fueron torturados hasta la muerte y luego regresados a las ruinas del Palacio, para que sus cadáveres se sumaran a los guerrilleros dados de baja. Así ocurrió con el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien salió vivo y cojeando del Palacio, pero un día después apareció muerto en el interior de las ruinas calcinadas, con un tiro en la cabeza disparado a quemarropa. Igual dos guerrilleras, y mientras una escapó, la otra fue torturada, asesinada y enterrada en secreto en los predios de un batallón militar.
Esta atrocidad no puede quedar impune. Las familias de los desaparecidos padecen un calvario sin fin. Y el país también. Y así será hasta que no se haga justicia y se despeje, de una vez por todas, las dudas de esta tragedia nacional.
