En 1994, Colombia vivía la euforia de la era Gaviria. La economía crecía en más del 5 %, la inflación empezaba a estar bajo control y el valor del peso frente al dólar favorecía la importación de bienes de capital.
Esas y otras razones explican que ese año, cuando se adjudicó la telefonía móvil celular en Colombia, los operadores pagaran al Estado por las concesiones US$1.200 millones, una cifra extraordinaria. Con afortunado criterio, los ministros de Hacienda y de Comunicaciones de entonces fueron firmes y coherentes en la implementación del modelo. Para que Colombia tuviera una infraestructura confiable y se prestaran con eficiencia los nuevos servicios de telecomunicaciones había que desestatizar el sector y atraer capital extranjero, sin darle ventajas ni prebendas a ningún operador.
Casi un cuarto de siglo después, el panorama es bien diferente. A los pocos años, esa firmeza y coherencia se fueron perdiendo. El Estado metió mal la mano, se les dieron privilegios injustificados a las empresas públicas, se favoreció indebidamente la inversión extranjera y se propiciaron profundas asimetrías para competir.
La institucionalidad y el marco normativo del sector de telecomunicaciones en Colombia requieren una profunda transformación, y esa es una tarea ineludible para el Congreso y el Gobierno próximos. La política estatal de telecomunicaciones tiene que ir más allá de la simpleza de generar rentas para transferir subsidios y de paso hacer política para futuras elecciones. Sin una nueva concepción del sector no servirá de nada el maquillaje burocrático que pretende el proyecto de ley que presentó este Gobierno.
En este escenario, está muy lejana en Colombia la llegada de la quinta generación de las redes móviles (tecnología 5G), que revolucionará la forma de comunicarnos y permitirá interactuar con todo lo que esté conectado a internet, es decir, casi todo (internet de las cosas). Recientemente, algunos operadores realizaron pruebas experimentales de exhibición de 5G y el Gobierno anunció que en 2020 estarán disponibles las frecuencias que se requieren, pero no se sabe aún de dónde saldrán los millones de dólares para invertir en la red que soportará esa nueva tecnología. La economía del sector está seriamente averiada y el norte nada claro.
@jcgomez_j
En 1994, Colombia vivía la euforia de la era Gaviria. La economía crecía en más del 5 %, la inflación empezaba a estar bajo control y el valor del peso frente al dólar favorecía la importación de bienes de capital.
Esas y otras razones explican que ese año, cuando se adjudicó la telefonía móvil celular en Colombia, los operadores pagaran al Estado por las concesiones US$1.200 millones, una cifra extraordinaria. Con afortunado criterio, los ministros de Hacienda y de Comunicaciones de entonces fueron firmes y coherentes en la implementación del modelo. Para que Colombia tuviera una infraestructura confiable y se prestaran con eficiencia los nuevos servicios de telecomunicaciones había que desestatizar el sector y atraer capital extranjero, sin darle ventajas ni prebendas a ningún operador.
Casi un cuarto de siglo después, el panorama es bien diferente. A los pocos años, esa firmeza y coherencia se fueron perdiendo. El Estado metió mal la mano, se les dieron privilegios injustificados a las empresas públicas, se favoreció indebidamente la inversión extranjera y se propiciaron profundas asimetrías para competir.
La institucionalidad y el marco normativo del sector de telecomunicaciones en Colombia requieren una profunda transformación, y esa es una tarea ineludible para el Congreso y el Gobierno próximos. La política estatal de telecomunicaciones tiene que ir más allá de la simpleza de generar rentas para transferir subsidios y de paso hacer política para futuras elecciones. Sin una nueva concepción del sector no servirá de nada el maquillaje burocrático que pretende el proyecto de ley que presentó este Gobierno.
En este escenario, está muy lejana en Colombia la llegada de la quinta generación de las redes móviles (tecnología 5G), que revolucionará la forma de comunicarnos y permitirá interactuar con todo lo que esté conectado a internet, es decir, casi todo (internet de las cosas). Recientemente, algunos operadores realizaron pruebas experimentales de exhibición de 5G y el Gobierno anunció que en 2020 estarán disponibles las frecuencias que se requieren, pero no se sabe aún de dónde saldrán los millones de dólares para invertir en la red que soportará esa nueva tecnología. La economía del sector está seriamente averiada y el norte nada claro.
@jcgomez_j