¿Abolir a la CRC?

En 1997 el canadiense Peter Huber, ingeniero de M.I.T. y abogado de Harvard, publicó uno de los libros más célebres sobre regulación de telecomunicaciones: “Ley y desorden en el ciberespacio: Abolir la FCC y dejar que el derecho consuetudinario rija el telecosmos.” Es un ensayo retador y profundo que cuestiona con autoridad la existencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. El autor sostiene que las telecomunicaciones, en lugar de ser reguladas por las caprichosas decisiones de burócratas más o menos ilustrados, únicamente deberían estar sometidas a los jueces en el marco del Common Law y las leyes federales.

Infortunadamente no le hicieron caso a Huber quien falleció en 2021. La FCC sigue tan campante. A pesar de la supuesta independencia del poder ejecutivo, a través de la historia los sucesivos presidentes han capturado a la entidad. A propósito; es la misma FCC a quien Trump le solicitó la semana pasada revocar las licencias de las estaciones de televisión que lo critican en sus programas de la noche enlazados costa a costa.

En Colombia la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es un remedo de la FCC, forzada implantación del derecho anglosajón. Desde la creación de su precursora en 1994, a la CRC cada vez se le atribuyen más funciones, gracias a la abulia e indolencia de los legisladores. En 2019 la ley le creó dos cabezas a la entidad: Sesión de Comunicaciones y Sesión de Contenidos Audiovisuales. Es necesario replantear la conveniencia y utilidad de tanta parafernalia.

Recientemente la CRC, que debería ser eminentemente técnica, expidió dos proyectos normativos que podrían impactar negativamente la libertad de expresión y la libertad económica de empresas colombianas que tratan de sobrevivir en el entorno digital. Esa entidad ignora el inmenso poder de las plataformas tecnológicas que tienen un alcance global y están por fuera de su competencia. Si bien los actos administrativos generales expedidos por esa entidad pueden ser demandados ante los jueces, los procesos son lentos y kafkianos.

Declaro que soy abogado de empresas afectadas por la CRC. Me opongo a muchas de sus decisiones y pretendo la nulidad de algunos de sus actos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.