La semana pasada, el Ministerio de las TIC publicó dos proyectos normativos con el objetivo de superar la inmensa brecha en el cubrimiento de internet fijo. En uno de los documentos justificativos de dichos proyectos se citan estadísticas según las cuales a finales de 2021 Colombia ocupaba en la OCDE el último lugar en el número de suscripciones fijas de internet por cada 100 habitantes.
Según las mismas estadísticas, solo una mínima proporción de las conexiones fijas son de fibra óptica, lo cual implica una considerable limitación para actividades como la educación, el comercio y la difusión de contenidos digitales. En casi el 25 % de los municipios, dada su baja capacidad adquisitiva y lejanía de los centros urbanos, difícilmente mejorarán esos índices en el mediano plazo.
En lo que va corrido del presente siglo los sucesivos gobiernos han ejecutado diversas estrategias para cerrar la brecha digital. Precisamente, ese ha sido el gran inconveniente: no ha existido una política pública consistente. Tanto es así que, cada vez que hay un cambio de gobierno, los usuarios más vulnerables viven la zozobra de quedar desconectados debido a que se vencen los contratos o cesan los subsidios que les garantizan el acceso a internet. Nadie debería quedar sin señal.
Los proyectos normativos publicados por el ministerio evidencian la buena intención de que ello no vuelva a suceder. Ojalá las observaciones que presenten los interesados resulten útiles para diseñar procesos exitosos sin cometer los mismos errores del pasado ni propiciar ineficiencias como las de crear microempresas de internet sin parámetros de eficiencia ni posibilidad de aprovechar economías de escala. No vaya a ser que se genere una masiva subcontratación que acabe defraudando a los usuarios.
A propósito de experiencias fallidas en la provisión de internet: por la vía de reparación a las víctimas, ahora Emilio Tapia podría convertirse en proveedor de internet, lo cual no es buena noticia para las comunidades afectadas. Así no se hubieran perdido los $70.000 millones, nunca han debido ser adjudicatarias del contrato empresas sin ninguna experiencia. Ello sucedió por el mal diseño de las condiciones de contratación. No puede volver a suceder.
jcgomez_j
La semana pasada, el Ministerio de las TIC publicó dos proyectos normativos con el objetivo de superar la inmensa brecha en el cubrimiento de internet fijo. En uno de los documentos justificativos de dichos proyectos se citan estadísticas según las cuales a finales de 2021 Colombia ocupaba en la OCDE el último lugar en el número de suscripciones fijas de internet por cada 100 habitantes.
Según las mismas estadísticas, solo una mínima proporción de las conexiones fijas son de fibra óptica, lo cual implica una considerable limitación para actividades como la educación, el comercio y la difusión de contenidos digitales. En casi el 25 % de los municipios, dada su baja capacidad adquisitiva y lejanía de los centros urbanos, difícilmente mejorarán esos índices en el mediano plazo.
En lo que va corrido del presente siglo los sucesivos gobiernos han ejecutado diversas estrategias para cerrar la brecha digital. Precisamente, ese ha sido el gran inconveniente: no ha existido una política pública consistente. Tanto es así que, cada vez que hay un cambio de gobierno, los usuarios más vulnerables viven la zozobra de quedar desconectados debido a que se vencen los contratos o cesan los subsidios que les garantizan el acceso a internet. Nadie debería quedar sin señal.
Los proyectos normativos publicados por el ministerio evidencian la buena intención de que ello no vuelva a suceder. Ojalá las observaciones que presenten los interesados resulten útiles para diseñar procesos exitosos sin cometer los mismos errores del pasado ni propiciar ineficiencias como las de crear microempresas de internet sin parámetros de eficiencia ni posibilidad de aprovechar economías de escala. No vaya a ser que se genere una masiva subcontratación que acabe defraudando a los usuarios.
A propósito de experiencias fallidas en la provisión de internet: por la vía de reparación a las víctimas, ahora Emilio Tapia podría convertirse en proveedor de internet, lo cual no es buena noticia para las comunidades afectadas. Así no se hubieran perdido los $70.000 millones, nunca han debido ser adjudicatarias del contrato empresas sin ninguna experiencia. Ello sucedió por el mal diseño de las condiciones de contratación. No puede volver a suceder.
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