Ha sucedido muchas veces. Para evitar que se violen derechos fundamentales o se afecte indebidamente el patrimonio público, las autoridades judiciales o el Ministerio Público o la Contraloría General de la República han intervenido con urgencia en el trámite de la concesión de un servicio de telecomunicaciones o en un proceso de licitación.
Sucedió con la televisión por suscripción hace más de diez años, sucedió con la apertura a la competencia de larga distancia y está sucediendo en estos días con la contratación del satélite colombiano y la concesión del tercer canal privado de televisión.
Lamentablemente en el Estado se ha vuelto una práctica recurrente la vigilancia preventiva en los procesos de contratación que deberían fluir de manera ágil y transparente bajo reglas claras y estables. Sin embargo, no sucede así. Muchas veces, ni siquiera por venalidad sino por afán o improvisación, las entidades públicas terminan embarcadas en pleitos y discusiones que desgastan a la administración y ocasionan inmensas pérdidas a los particulares y al mismo Estado.
En el trámite de la contratación del satélite colombiano la Procuraduría le dirigió la semana pasada a la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) un documento en el que le hace serios reparos a la decisión de celebrar para el efecto un convenio gobierno a gobierno y le reitera que no comparte la decisión de no adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección abreviada. Insiste el órgano de control que la fabricación, lanzamiento y puesta en órbita del satélite no justifica tramitar su contratación como un asunto de excepción.
Lo del tercer canal privado de televisión es apenas explicable. Al fin y al cabo el asunto de la respectiva licitación está a cargo de la Comisión Nacional de Televisión, un organismo que desde el momento mismo de su creación hizo evidente sus falencias, esas que en su momento llevaron al mismo presidente Uribe a proponer su desaparición como una de las promesas de campaña. La industria audiovisual, frente al reto de la convergencia y las implicaciones que ello tiene en el bienestar de los usuarios y la competencia, no puede seguir sometida a los bandazos de esa entidad.
