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El Estado oculto

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Juan Carlos Gómez
28 de junio de 2021 - 05:02 a. m.
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El poder del Estado prefiere el sigilo y revelar solo lo que le conviene. Por tal razón, el derecho a conocer la información estatal es una herramienta vital para la democracia.

En Colombia, una ley de 1913 ya otorgaba el derecho a obtener copias de los documentos existentes en las oficinas públicas, salvo que fueran reservados. Hoy en día el acceso a la información pública se garantiza como expresión del derecho de fundamental petición que consagra la Constitución Política y su desarrollo normativo se encuentra en una Ley Estatutaria, incorporada a la Ley 1437 de 2011.

A pesar de su encumbrado linaje, el derecho de petición en la práctica está siendo burlado por muchos servidores públicos. Según estadísticas de la Corte Constitucional, la violación del derecho de petición es la razón por la cual se ejerce más la acción de tutela. Esto evidencia que las autoridades en todos los ámbitos de la administración pública están atendiendo mal y a destiempo las peticiones que les presentan los ciudadanos, con todo y que esa conducta constituye una falta disciplinaria. Entre enero y abril de 2021 se reportaron 72.309 demandas por este motivo, mientras que por protección del derecho a la salud se presentaron 30.154 y al debido proceso 21.755.

El derecho de petición es esencial para el control político y el ejercicio de otros derechos. En plena era digital no existe ninguna justificación para que una autoridad se pueda tomar hasta diez días hábiles para entregar la copia de un documento o suministrar determinada información, término que desde marzo pasado —a propósito del estado de emergencia— fue ampliado a veinte días.

La Ley de Trasparencia (1712 de 2014) consagra pomposamente principios como el de máxima publicidad, facilitación y divulgación proactiva de la información, lo cual obliga a las autoridades a publicar y divulgar permanentemente los documentos y archivos que plasman su actividad, los cuales deberían estar disponibles en medios electrónicos. Infortunadamente, el acceso a muchas páginas web de las entidades públicas es un martirio: son lentas, están desactualizadas o no ofrecen ninguna utilidad. Debería existir un ranking ciudadano para calificarlas de mejor a peor.

@jcgomez_j

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Luis(39449)29 de junio de 2021 - 01:51 p. m.
Entre más corrupto, más obstrucción al acceso de la información y más revelan su dolo.
Octavio(20279)28 de junio de 2021 - 11:19 p. m.
Gracias. De acuerdo con sus cifras, mal contadas, 125.000 demandas en menos de 4 meses (enero es medio mes por reinicio de labores luego de vacaciones) El Estado, desbordado por la inoperancia y desacato del Estado en su cultura profundamente arraigada de incumplimiento. De ahí procesos que toman décadas, y, cuando fallan, la tardanza es otra injusticia. País miserable en sus fundamentos.
Miguel(78770)28 de junio de 2021 - 11:02 p. m.
La narrativa permanente de todo y por todo contra Uribe y la deslegitimacion del gobierno,ya huele a rancio.Lo q hace es delatar al grupo perdedor de las elecciones,como un grupo peligroso para la convivencia democráticamente
Fabio(25724)28 de junio de 2021 - 10:08 p. m.
Esa manipulación a voluntad de los tiempos y de las fuentes de información es parte de la caja de herramientas del corrupto. Ya lo dijeron: "Colombia está diseñada para robar".
Daniel(rvd59)28 de junio de 2021 - 05:27 p. m.
Los sectores privados, cubiertos por el deber de responder derechos de petición, también incumplen. Es el caso de los bancos, que una vez saldados los créditos de vivienda no expiden las cancelaciones de las hipotecas ni con derecho de petición. En mi caso el Banco de Bogotá.
  • Jesús(lz2ch)28 de junio de 2021 - 07:47 p. m.
    Lamentable, pero no me extraña:¿qué mas se va a esperar de uno de los mayores bancos lavadores de dinero? recordemos que oor ahí pasó la platita de Odebrecht.
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