La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene una preocupante trascendencia institucional. Los servicios de telecomunicaciones, televisión, radio y postales están sometidos a este organismo, que en los meses recientes ha protagonizado preocupantes episodios.
La entidad tiene dos ramas: la Sesión de Comunicaciones y la Sesión de Contenidos Audiovisuales. La primera está compuesta por cinco miembros: el ministro TIC, un representante del presidente de la República y tres comisionados elegidos por concurso público. Después de más de tres años el presidente no había nombrado a su representante. Cuando por fin en septiembre se designó como tal al abogado Javier Gutiérrez, la directora de la CRC declaró que él no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia exigidos por la ley. Con todo, el referido abogado ya se posesionó de comisionado.
Por el lado de la Sesión de Contenidos Audiovisuales sucedió que se le ocurrió requerir a los operadores de televisión con el fin de que le rindieran cuentas de cómo garantizaban el pluralismo informativo. El asunto suscitó la protesta de medios y periodistas e incluso una advertencia del procurador general de la Nación. Aunque al final, la CRC tuvo que recular de su propósito intervencionista, queda en evidencia el riesgo del abuso de sus competencias.
Los actos generales de la CRC tienen una fuerza normativa equivalente a la de las leyes, pero mientras estas siguen un largo trámite en el Congreso de la República y requieren sanción presidencial, las resoluciones de la CRC provienen de unas pocas personas al capricho de estudios técnicos y económicos que elabora o contrata la propia entidad.
Si bien los actos generales que expide la CRC están sometidos al control del Consejo de Estado, el alud de procesos a cargo de esta corporación hace que una decisión de nulidad generalmente no se profiera antes de cinco años, lo cual hace aún más serias las implicaciones de las violaciones al ordenamiento jurídico en las que puede incurrir ese organismo de regulación.
Ojalá en la próxima legislatura se asuma con seriedad una profunda reforma a la institucionalidad del sector TIC.
