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La semana pasada Brasil llevó a cabo la subasta de frecuencias 5G. Se demoró al menos un año más de lo previsto -entre otras razones- porque el gobierno de ese país no sabía qué hacer con Huawei.
El fabricante chino Huawei tomó la delantera en el diseño y fabricación de los equipos que requieren las redes 5G y esa es l a mejor opción para muchos operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, Estados Unidos se opone firmemente alegando que existen serios riesgos de espionaje y amenaza a la seguridad mundial. El gobierno de ese país les ha solicitado a sus aliados actuar en la misma dirección. Muchos no le han hecho caso, como sucedió antes con el Reino Unido y ahora con Brasil. Ambos países van a permitir que los operadores contraten con Huawei, si bien no podrán hacerlo para redes de uso exclusivo del Estado.
Publicaciones especializadas como la revista Foreign Affairs utilizan el término Tecno-autoritarismo para referirse a la realidad de que las autoridades chinas espían a sus propios ciudadanos y a los de otros países. Se utilizan los datos, las huellas, el reconocimiento fácil, se rastrean las transacciones electrónicas. Lo que en Occidente se considera una maraña digital para la violación de los derechos humanos, para las autoridades chinas son herramientas de control que benefician al conglomerado social. Pero el tecno-autoritarismo no es un arma exclusiva de esa milenaria nación.
La activista de derechos humanos Maya Wang en un excelente articulo publicado en abril pasado en esa revista, plantea con razón que Estados Unidos y otros países que se precian de ser democráticos también incurren en la odiosa práctica del Tecno-autoritarismo. Se ha tolerado que el modelo de negocio de las Big Tech esté basado en la indebida explotación de los datos personales. No existe una legislación realmente coercitiva que proteja del abuso en la recolección, análisis y compartición de esos datos. La brecha entre democracia y tecnología cada vez es más grande
Wang anota con razón que en el ámbito de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) deberían fijarse estándares técnicos de protección de los derechos humanos que están siendo devastados por la tecnología.
@jcgomez_j
