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En contraste, la semana pasada la Unión Europea aprobó la Ley de Servicios Digitales frente el rezago normativo en la materia.
Como lo evidencian los cuestionamientos que surgen ahora cuando Elon Musk pretende manejar Twitter a su capricho, el mundo digital sigue siendo el nuevo Viejo Oeste, especialmente en Estados Unidos. El lobby y la invocación de la Primera Enmienda han impedido que en ese país se expida una regulación efectiva frente al inmenso poder de las plataformas digitales que, amparadas en la sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones, eluden en gran medida su responsabilidad.
En contraste, la semana pasada la Unión Europea aprobó la ley de Servicios Digitales frente el rezago normativo en la materia. Dentro de las nuevas normas se incluye la obligación de que dichas plataformas revelen cómo funcionan los algoritmos que utilizan. Se prevé también que las autoridades nacionales en casos críticos declararen el estado de emergencia (“mecanismos de crisis”) frente a las redes sociales, los motores de búsqueda y los mercados on line. Así se tendrán herramientas inmediatas de intervención que han debido existir en eventos como la pandemia del Covid19 y la agresión rusa a Ucrania en los cuales la desinformación ha causado inmensos daños.
Se otorgan mayores poderes para hacer cumplir las disposiciones que protegen a los menores de edad, la privacidad, la trasparencia y a los consumidores. En cualquiera de los 27 países comunitarios en donde se viole una disposición se podrán imponer las sanciones correspondientes y los infractores recibirán multas de hasta el 6% de su facturación a nivel mundial.
Se estima que la aplicación de esta ley de Servicios Digitales puede requerir entre 20 y 30 millones de euros al año, los cuales deberán ser financiados por las grandes plataformas. Las nuevas normas se empezarán aplicar a mediados del año entrante y se tiene previsto que en el presente mes una delegación del Parlamento Europeo visite en su sede de Silicon Valley a las Big Tech con el fin de propiciar el entendimiento de las nuevas disposiciones y hacerles saber que irán tras ellas cuando sea necesario.
Se trata de un paso trascendental en el largo y tortuoso camino de enfrentar los graves efectos sociales, económicos y políticos del mundo digital.
