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Hace dos semanas —después de un complejo consenso bipartidista—, el presidente Biden firmó la ley de infraestructura, que provee fondos por un trillón de dólares que se invertirán principalmente en carreteras, puertos, ferrocarriles, redes eléctricas, banda ancha, acueducto, transporte y medio ambiente.
El gobierno espera que esta ingente inversión en obras públicas detenga la vertiginosa caída en su popularidad, que hace temer la derrota de los demócratas en las elecciones legislativas del año entrante e, incluso, en las presidenciales de 2024.
En materia de banda ancha, la nueva ley destina la mayor cifra en la historia para cerrar la brecha digital: US$65 billones, que se invertirán prioritariamente en el cubrimiento de las áreas rurales y la provisión del servicio de internet a los hogares de menores ingresos, los cuales podrán beneficiarse de subsidios de hasta US$30 al mes. También se establecen reglas que obligan a los operadores a suministrar a sus consumidores información transparente en cuanto a precio y calidad de los planes para el acceso a internet.
La colosal infraestructura pública que Estados Unidos desplegó entre los años 50 y 80 no se amplío ni renovó en la magnitud que lo requería la economía más poderosa del mundo. La razón de ese rezago fue, en buena parte, el cambio diametral en la concepción del Estado y su papel en la economía. Con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia, en 1981, irrumpieron también las ideas conservadoras que se empeñaron en desmantelar el Estado del bienestar. La verdad es que lo lograron a fuerza de privilegiar a las grandes corporaciones. Algunos historiadores coinciden en que los gobernantes demócratas Clinton y Obama no hicieron mucho por cambiar esa tendencia, gracias a lo cual las crisis financieras quedaron impunes y las big tech se expanden sin control.
La ley de infraestructura promovida por Biden, además de ser una herramienta de estímulo económico, puede ser una oportunidad para que Estados Unidos logre otra vez un crecimiento económico equitativo, que es el único soporte sólido de la democracia. Concebir las obras públicas no como un negocio financiero, sino como el espacio donde se asienta el bien común.
@jcgomez_j
