Parece de ficción. La ministra Sylvia Constaín está preparando un proyecto de ley para el sector TIC, con el cual el Gobierno busca, ente otros objetivos, garantizarles conectividad a todos los colombianos y promover la industria de telecomunicaciones. Lamentablemente, el jueves pasado se le atravesó la senadora Guerra de la Espriella con su mismo proyecto de siempre.
Si bien la senadora Guerra ejerce su legítimo derecho como congresista, lo sorprendente es que, siendo del partido de Gobierno, ella no hubiera considerado la oportunidad y contenido de una iniciativa legislativa tan trascendental para la economía naranja del presidente Duque.
Más allá de lo que haya detrás del hecho político, es inexplicable que nuevamente la senadora Guerra insista en incluir en su proyecto un artículo (el 27) que beneficia a las multinacionales del cable y toma partido a favor de ellas, en contra de la creatividad colombiana.
En una especie de insólita expropiación legislativa, ese artículo 27 despoja de su remuneración económica a los titulares de los derechos de autor y conexos. Entre las víctimas del expolio están los músicos, autores de todo tipo de obras, intérpretes, actores, productores de audiovisuales, directores y libretistas.
Los creadores en Colombia tienen que expresar de manera vehemente su protesta ante los legisladores. No vaya a ser que haga carrera la idea de que se justifica el despojo en aras de “preservar y promover el pluralismo informativo”, como lo afirma esa “joya” de proyecto normativo.
La propuesta de la senadora Guerra al Congreso de la República viola la Constitución Política y los tratados internacionales. Al parecer ella no lo sabe. Leí una y otra vez el texto de la exposición de motivos y no encontré ni una letra que intentara al menos justificar este atropello a la creatividad colombiana, sin antecedentes en la historia legislativa.
El uso mismo de la expresión “must-carry” en el proyecto de ley denota un profundo desconocimiento de nuestra cultura jurídica y, especialmente, de la normatividad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que protege de manera formidable la propiedad intelectual y es ejemplo a escala mundial.
El Congreso y el país naranja tienen la palabra.
@jcgomez_j
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com
También le puede interesar: "Moción de censura a Carrasquilla: ¿Lo puede tumbar el Congreso?"
Parece de ficción. La ministra Sylvia Constaín está preparando un proyecto de ley para el sector TIC, con el cual el Gobierno busca, ente otros objetivos, garantizarles conectividad a todos los colombianos y promover la industria de telecomunicaciones. Lamentablemente, el jueves pasado se le atravesó la senadora Guerra de la Espriella con su mismo proyecto de siempre.
Si bien la senadora Guerra ejerce su legítimo derecho como congresista, lo sorprendente es que, siendo del partido de Gobierno, ella no hubiera considerado la oportunidad y contenido de una iniciativa legislativa tan trascendental para la economía naranja del presidente Duque.
Más allá de lo que haya detrás del hecho político, es inexplicable que nuevamente la senadora Guerra insista en incluir en su proyecto un artículo (el 27) que beneficia a las multinacionales del cable y toma partido a favor de ellas, en contra de la creatividad colombiana.
En una especie de insólita expropiación legislativa, ese artículo 27 despoja de su remuneración económica a los titulares de los derechos de autor y conexos. Entre las víctimas del expolio están los músicos, autores de todo tipo de obras, intérpretes, actores, productores de audiovisuales, directores y libretistas.
Los creadores en Colombia tienen que expresar de manera vehemente su protesta ante los legisladores. No vaya a ser que haga carrera la idea de que se justifica el despojo en aras de “preservar y promover el pluralismo informativo”, como lo afirma esa “joya” de proyecto normativo.
La propuesta de la senadora Guerra al Congreso de la República viola la Constitución Política y los tratados internacionales. Al parecer ella no lo sabe. Leí una y otra vez el texto de la exposición de motivos y no encontré ni una letra que intentara al menos justificar este atropello a la creatividad colombiana, sin antecedentes en la historia legislativa.
El uso mismo de la expresión “must-carry” en el proyecto de ley denota un profundo desconocimiento de nuestra cultura jurídica y, especialmente, de la normatividad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que protege de manera formidable la propiedad intelectual y es ejemplo a escala mundial.
El Congreso y el país naranja tienen la palabra.
@jcgomez_j
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