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Las minorías, los pobres, los viejos y los habitantes de las zonas rurales son los más perjudicados con la brecha digital. Por esta razón, la pandemia ha sido más devastadora para ellos. La disparidad en el acceso a internet es uno de los indicadores más preocupantes de la desigualdad en desarrollo humano.
Incluso en Estados Unidos la brecha digital sigue siendo enorme; alrededor del 15 % de la población no tiene acceso a internet de alta velocidad. Para resolver esa problemática en las áreas rurales, el pasado diciembre se adjudicó una licitación mediante una subasta a la inversa. En ese proceso —como en el trópico— resultaron favorecidos contratistas sin mayor experiencia y otros que utilizarán tecnologías experimentales que pueden ser un fiasco.
Se plantea en ese país que, así como se logró electrificar el 100 % del territorio, se debe llegar a un cubrimiento total de banda ancha. Para el efecto se cuestiona si el camino es subsidiar la oferta o que el Estado asuma directamente la prestación del servicio. Por lo pronto, entre las políticas del presidente Biden está la de triplicar los recursos para cablear a las comunidades rurales sin acceso y se destinarán para ese fin US$20 billones.
En Colombia hace pocos días se expidió la Ley 2108 de 2021, que declara internet como un servicio público esencial y universal. A pesar de los festejos, la verdad es que esa nueva norma no implica cambios sustanciales. En los últimos diez años se han implementado políticas públicas que han mejorado los índices de cobertura y calidad; sin embargo, la mayoría de la población aún no tiene un servicio de internet verdaderamente funcional para la educación, la salud pública y los negocios.
Lo sucedido con el contrato de Centros Poblados demuestra que es indispensable un cambio sustancial en el diseño de los procesos de selección, en la determinación de los requisitos que deben cumplir los contratistas y en la confiabilidad de la información sobre costos y tecnología. No puede suceder que, con la sola promesa de ofrecer mayor velocidad, resulte favorecido un avivato y se excluya injustificadamente a empresas de reconocida trayectoria en el sector.
@jcgomez_j
