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En 1215 el despótico Juan Sin Tierra enfrentó la sublevación de los barones feudales con el otorgamiento de la Carta Magna, la cual finalmente no fue respetada ni resolvió las disputas. En todo caso, este documento quedó en la mitología política como símbolo de contención al poder absoluto y a la autoridad arbitraria, especialmente en cuanto a la carga impositiva. El asunto de los impuestos también está en la génesis del constitucionalismo. Bajo el lema “No taxation without representation” (“No hay tributación sin representación”), los colonos en Estados Unidos expresaron su inconformismo con la carga tributaria de la Corona británica y la cuestión fue el origen de la revolución y la independencia en 1776.
En el Estado moderno los impuestos siguen siendo la fuente más jugosa para la hacienda pública, pero muy pocos países han logrado resolver la injusticia tributaria que se refleja en los altísimos niveles de evasión y de elusión.
En las últimas semanas los contribuyentes del impuesto a la renta recibieron una amable carta de agradecimiento suscrita por Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, uno de los funcionarios más brillantes del actual Gobierno. En la comunicación se registra el valor pagado y en una gráfica se ilustra el monto que se destinará para cubrir los gastos e inversiones del Estado en sus distintos frentes. La mayor proporción está asignada a la deuda pública que cada vez lastra más las finanzas públicas, así no hay recaudo que alcance.
El viernes pasado, en artículo publicado en el diario La República, el director de Planeación presenta el oscuro panorama de la deuda pública en Colombia. La “pandemia fiscal” que él reseña es preocupante y puede llevar a que en 2025 el servicio de la deuda supere la inversión, con los graves efectos que ello tiene en el crecimiento económico y la superación de la pobreza.
En estos tiempos de turbulencia, la radicalización puede llevar a la economía colombiana al colapso. Como nunca en la historia de Colombia, el futuro de la democracia y del bienestar dependen de que el Congreso de la República y la Rama Judicial cumplan su función constitucional de equilibrar el poder, también en el manejo de la hacienda pública.
