El pasado martes 10 de enero se publicó en el Diario Oficial la ley 1507 que distribuye entre varias entidades del Estado las competencias en materia de televisión, como consecuencia de la desaparición de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
La nueva ley crea la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), versión reducida de la CNTV, a la cual se le atribuyen muchas de las funciones que tenía esta entidad. Si bien el nuevo organismo no tiene rango constitucional, en la práctica tendrá un inmenso poder y ejecutará un jugoso presupuesto, gracias a la percepción de las contraprestaciones que pagan los operadores de televisión por suscripción y los canales privados. A través del Fondo para el Desarrollo de la Televisión se fortalecerá a los operadores públicos, se financiará la programación educativa y cultural a cargo del Estado y se apoyarán “los contenidos de televisión de interés público” producidos por operadores sin ánimo de lucro. Como se observa, persiste el riesgo de que se sigan desperdiciando recursos que estarían mejor invertidos en otros frentes, como el subsidio de terminales para la penetración de la televisión digital.
Además de la ANTV, también tendrán competencia en el servicio de televisión, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC).
El órgano directivo de la ANTV es la Junta Nacional de Televisión, que deberá estar integrada a más tardar el próximo 10 de abril. Se espera que la formación profesional y la experiencia que se les exige a sus miembros garanticen su idoneidad y la buena marcha de la nueva entidad, para no repetir los males que se quisieron corregir con la supresión de la CNTV. A propósito, mientras se integra la mencionada junta, respecto del tercer canal la CNTV no debería hacer nada diferente a abortar el proceso licitatorio que se quedó en el limbo por la torpeza de quienes lo diseñaron y dirigieron.
Ojalá la liquidación de la CNTV no sirva de mampara para eludir la responsabilidad de los funcionarios que, por sus actos y omisiones, toleraron prácticas ilícitas como el subreporte de usuarios y la subfacturación en la que habrían incurrido durante años algunos de los operadores de televisión por suscripción.
