La agonía de la CAN

El enfrentamiento entre los presidentes de Colombia y Ecuador que desencadenó una deplorable guerra arancelaria tal vez sea el puntillazo final para la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El precursor de este organismo fue el Pacto Andino (Acuerdo de Cartagena) celebrado en 1969 con la participación de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú y la adhesión de Venezuela en 1973. Se pensó entonces que, gracias a tantas cosas en común, estos países lograrían una sólida integración económica y social. En 1976 la dictadura de Pinochet y su modelo aperturista llevaron a Chile a darle un portazo al Pacto Andino. Después lo hizo Venezuela en 2006, gracias a Chávez, a su delirio nacionalista e irrespeto de todos los principios del derecho internacional.

Hoy en día muchos de los objetivos de la creación de la CAN terminaron desvirtuados por la indolencia de sus miembros, la incipiencia de sus economías y la apabullante realidad del comercio internacional. Sin embargo, a lo largo de su historia la CAN ha expedido normas jurídicas que son obligatorias y prevalentes frente a las normas nacionales. Algunas, como las relativas a la propiedad intelectual, son modelo a nivel mundial. Muchas de ellas se anticiparon acertadamente en la regulación de cuestiones como la protección de los contenidos en Internet. Para garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria, existe en la CAN el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), competente para trámites como la Acción de Incumplimiento para hacer prevalecer el ordenamiento jurídico andino frente a las normas internas de un país miembro, y la Interpretación Prejudicial con el fin de asegurar en las jurisdicciones nacionales la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario. Lamentablemente este tribunal cada vez recibe menos atención por parte de los países miembros de la CAN y trabaja en medio de serias limitaciones logísticas y de personal, que no se compadecen con la trascendencia de sus decisiones.

Valga recordar que con la colaboración de funcionarios de pasados gobiernos (y del actual), algunas empresas multinacionales establecidas en Colombia han recurrido a múltiples argucias para entorpecer indebidamente procesos que se adelantan ante el TJCA e incluso tratar de cambiar a su favor el ordenamiento comunitario.