En 2004 un Decreto del Gobierno ordenó que la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) utilizara parte de sus ingresos para pagar las mesadas pensionales de la liquidada Inravisión.
Obviamente la CNTV nunca ha estado de acuerdo con esos pagos, pues le merma la caja para financiar proyectos de los cuales no existe la certeza de su conveniencia y prioridad.
La semana pasada la Comisión le hizo un llamado al Congreso para que la liberara de esa obligación y así tener más recursos para la televisión pública y la implementación de la televisión digital, que aún no tiene norte ni un plan serio de desarrollo. Por el bien de las finanzas públicas ojalá que el Congreso no le haga caso.
Es paradójico que la entidad que se rehusó a acatar la ley que le ordenaba realizar una subasta para determinar el valor de la licencia del tercer canal, venga a alegar que se está quedando sin recursos. Una subasta bien diseñada le hubiera generado a la CNTV el dinero que ahora añora.
El presidente Álvaro Uribe en el programa de gobierno de su primera campaña tenía prevista la supresión de la Comisión, promesa que tuvo que resignar frente a la realidad de que la entidad es un factor indispensable de poder.
Ante la imposibilidad de que algún día se tramite la reforma constitucional que se requiere, lo pertinente sería modificar el articulito de la Ley 182 de 1995 que permite que la Comisión se quede con todos los recursos que recauda y en su lugar disponer que ellos formen parte del presupuesto nacional y se puedan asignar a otros propósitos más rentables socialmente como la financiación de las universidades públicas o la provisión de servicios como el agua y la salud cuya deficiencia sí compromete de veras la dignidad humana.
Sin duda, los casi 170 mil millones que la Comisión ha pagado en mesadas pensionales en los últimos cinco años se han empleado mejor de lo que habrían estado financiado burocracia, bancas de inversión, asesorías, estudios e inútiles proyectos de televisión pública.
