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En 2017, David Luna, entonces ministro de las TIC, formuló una consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado referente a la contraprestación que deben pagar al ministerio los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. La respuesta se emitió en mayo de 2018, pero, el Gobierno, en uso de su facultad legal, solicitó que esta se mantuviera bajo reserva durante el plazo de cuatro años, el cual venció hace pocos días.
Sin referirme al contenido concreto de la problemática ni al sentido de la respuesta —pues soy parte interesada—, hay que destacar que se trata de un estudio juicioso y profundo. La Sala de Consulta, a partir del análisis del derecho comparado (Estados Unidos, Unión Europea), interpreta, plantea alternativas de reglamentación y, con elegantia iuris, le sugiere al Gobierno que tome decisiones y actúe. Lamentablemente, el concepto se quedó cuatro años en el fondo del cajón de alguna oficina gris del ministerio.
El gobierno del presidente Santos estaba en todo su derecho de mantener bajo reserva la respuesta del Consejo de Estado. Sin embargo, es inadmisible que en una materia tan trascendental se hubiera aplicado la política del avestruz y se pateara el problema para adelante. El tema lo heredó el gobierno Duque y tampoco hizo nada al respecto. Su ministra Constaín prefirió evitarlo, a pesar de haber sido advertida del asunto en el empalme con el anterior ministro y conocer su trascendencia. El tema se embolató con “mesas de trabajo” que se realizaron con los interesados.
Como en otros frentes de la gestión estatal, en materia de TIC no se avizora una continuidad de política con el cambio de gobierno, sino, más bien, borrón y cuenta nueva. Los candidatos presidenciales prometen conectividad universal y subsidios a la demanda, que es tanto como ofrecer agua potable y debería darse por supuesto. Ninguno ha planteado el indispensable ajuste normativo e institucional (empezando por la CRC).
El cacareado Silicon Valley colombiano seguirá siendo un espejismo. Se necesitan décadas de trabajo coherente y constante entre el Estado, la academia y los empresarios. Estamos lejos.
@jcgomez_j
