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Hace pocos días se publicó en la página web del Ministerio de las TIC una información que retrata bien la triste realidad de la conectividad en las zonas rurales y más pobres de nuestro país. Mauricio Lizcano, titular de esa cartera —recién posesionado en su cargo—, contó que llegó de sorpresa a la vereda Oritá, en Mariquita, para comprobar el funcionamiento del centro digital desplegado en ese lugar. Según sus palabras, “fue lamentable encontrar que ese punto no estaba funcionando adecuadamente, a pesar de que en Bogotá sí aparece reportado como operativo”.
Según la misma información, el ministro citará esta semana al contratista y le exigirá que cumpla el contrato a cabalidad. La información no revela quién es el operador que estaría incumpliendo sus deberes, pero, desde hace muchos meses, eso puede estar sucediendo ahí y en cientos de lugares más de la Colombia profunda y rezagada de la educación, la salud y la productividad.
El gobierno pasado diseñó y ejecutó mal ese proceso de contratación, en el cual el caso de Centros Poblados es el más escandaloso, pero no el único que evidencia el fracaso de la política pública para la provisión de internet en escuelas públicas y en los hogares más pobres. Los usuarios quedan aislados y desprotegidos en medio de las promesas y la debilidad institucional para asegurar el cumplimiento y sancionar a todos los operadores indolentes.
A pesar de las buenas intenciones plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), el propósito que se pregona de “conectividad digital para cambiar vidas” puede fracasar por enésima vez. El legislador fue manirroto; permitió que los proveedores paguen al Estado en especie —y no en dinero— hasta un 90 % el uso de las frecuencias más valiosas del espectro radioeléctrico. Esa innecesaria generosidad no garantiza mayor ni mejor provisión del servicio público de internet.
El Plan prevé la coinversión entre el Estado y los empresarios privados con el fin de desplegar infraestructura para la conectividad. Este es un camino correcto, pero se requiere fortaleza institucional para apremiar el cumplimiento de las metas, sin que el ministro tenga que estar recorriendo el país para corregir entuertos.
@jcgomez_j
