En Bombay se distribuyen diariamente a los oficinistas más de 250.000 almuerzos caseros. La red de distribución está a cargo de los dabbawalas, personas que sin dispositivos móviles ni apps —utilizan el tren urbano y bicicletas— llevan y traen puntualmente las loncheras a lo largo y ancho de esa ciudad.
El sistema lleva más de 120 años en operación y es tal su eficiencia que fue objeto de estudio por parte de la Escuela de Negocios de Harvard. Incluso la película The Lunch Box (2013), una comedia romántica típica de Bollywood, recrea las peripecias de los dabbawalas para entregar a tiempo las viandas.
Las calles de las principales ciudades de Colombia cada vez se inundan más de los “domiciliarios” de Rappi y otras aplicaciones que propician la versión criolla de los dabbawalas de Bombay. Pero al parecer la historia en este caso no es tan pintoresca. Según recientes declaraciones de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, Rappi estaría incumpliendo el pago de las prestaciones sociales de esas miles de personas que, atadas peligrosamente a su gigante caja naranja, se enfrentan con osadía al tráfico urbano para entregar a tiempo los pedidos.
La ministra no expuso la razón de sus acusaciones, que así sonaron un poco ligeras frente a un tema tan trascendental. Inexplicablemente la funcionaria tampoco anunció ninguna medida para proteger a esos trabajadores. Como ha sucedido en otros países, el asunto llegará pronto a la justicia laboral.
En España, Deliveroo, empresa británica de entrega rápida de comida a domicilio, ha sido acusada por la Inspección de Trabajo de imponerles a sus repartidores la condición de trabajadores independientes, cuando en realidad son sus empleados, como lo evidencia la fijación de condiciones en la prestación del servicio en materia de horarios y períodos de descanso.
Como lo demuestra el caso de Uber, no es la primera vez que el Estado, aquí en Colombia y otros países, se queda perplejo y da bandazos frente a los retos que las nuevas tecnologías le imponen al ordenamiento jurídico. Ante la convicción de que las normas vigentes son desuetas, las autoridades no las aplican, pero tampoco hacen nada para promover cambios legislativos profundos.
@jcgomez_j
En Bombay se distribuyen diariamente a los oficinistas más de 250.000 almuerzos caseros. La red de distribución está a cargo de los dabbawalas, personas que sin dispositivos móviles ni apps —utilizan el tren urbano y bicicletas— llevan y traen puntualmente las loncheras a lo largo y ancho de esa ciudad.
El sistema lleva más de 120 años en operación y es tal su eficiencia que fue objeto de estudio por parte de la Escuela de Negocios de Harvard. Incluso la película The Lunch Box (2013), una comedia romántica típica de Bollywood, recrea las peripecias de los dabbawalas para entregar a tiempo las viandas.
Las calles de las principales ciudades de Colombia cada vez se inundan más de los “domiciliarios” de Rappi y otras aplicaciones que propician la versión criolla de los dabbawalas de Bombay. Pero al parecer la historia en este caso no es tan pintoresca. Según recientes declaraciones de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, Rappi estaría incumpliendo el pago de las prestaciones sociales de esas miles de personas que, atadas peligrosamente a su gigante caja naranja, se enfrentan con osadía al tráfico urbano para entregar a tiempo los pedidos.
La ministra no expuso la razón de sus acusaciones, que así sonaron un poco ligeras frente a un tema tan trascendental. Inexplicablemente la funcionaria tampoco anunció ninguna medida para proteger a esos trabajadores. Como ha sucedido en otros países, el asunto llegará pronto a la justicia laboral.
En España, Deliveroo, empresa británica de entrega rápida de comida a domicilio, ha sido acusada por la Inspección de Trabajo de imponerles a sus repartidores la condición de trabajadores independientes, cuando en realidad son sus empleados, como lo evidencia la fijación de condiciones en la prestación del servicio en materia de horarios y períodos de descanso.
Como lo demuestra el caso de Uber, no es la primera vez que el Estado, aquí en Colombia y otros países, se queda perplejo y da bandazos frente a los retos que las nuevas tecnologías le imponen al ordenamiento jurídico. Ante la convicción de que las normas vigentes son desuetas, las autoridades no las aplican, pero tampoco hacen nada para promover cambios legislativos profundos.
@jcgomez_j