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Cada vez hay menos razones para el “tecno-optimismo”, tal como lo demuestra el temor que suscita la masificación de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en el futuro de la humanidad. La Unión Europea ha tenido avances significativos para legislar al respecto. Sin embargo, en EE. UU., país que lidera de lejos la inversión privada y el desarrollo de la IA, el proceso normativo será lento y tortuoso, y peor aún con el radicalizado ambiente electoral.
En EE. UU. la regulación de la tecnología tiene un marcado sabor partidista. En el gobierno de Obama, con el propósito de beneficiar a los usuarios, la FCC (comisión federal de comunicaciones), les impuso a los operadores de telecomunicaciones la obligación de aplicar la Neutralidad de Red, tal como se denomina el principio de no discriminar el tráfico que cursa por internet. Históricamente dichos operadores se han opuesto a esa obligación, pues, sostienen que se desestimula la inversión e innovación en sus redes y porque quienes se benefician en realidad son las Big Tech y plataformas como Netflix y YouTube.
Durante el gobierno Trump esa obligación se revocó. Ahora la FCC -otra vez de mayoría demócrata- la revivió hace pocos días. Bandazos, como sucede en los países subdesarrollados.
En el fondo de la discusión se plantea también si, al revivir las reglas de la Neutralidad de Red, la FCC se está atribuyendo competencias propias del poder legislativo. El asunto eventualmente llegará a la Corte Suprema de mayoría republicana. Una vez más se discutirá el alcance de las facultades de las autoridades administrativas para regular la actividad de los particulares. La economía, los consumidores y los empresarios requieren normas expeditas para resolver los múltiples conflictos. Por esa razón las autoridades administrativas se fueron atiborrando de facultades reguladoras, con la consecuencia de que, en contra del principio de separación de poderes, en no pocas ocasiones se suplanta al Congreso y se legitima la dictadura del poder ejecutivo. Esta preocupación no solo existe en EE. UU. En Colombia es urgente limitar el poder desbordado que, en contra de la libertad económica, ejercen algunas superintendencias y comisiones de regulación.
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