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Según el principio de neutralidad de red, el contenido debe ser accesible a todos los usuarios sin interferencias y en las mismas condiciones sin que sea posible bloquear o degradar su calidad. Esto significa que los proveedores de internet en su tarifa no pueden discriminar una determinada página web, un contenido o una aplicación.
La aplicación de este principio -acuñado en 2003 por el ilustre profesor de Columbia Tim Wu- ha sido uno de los temas más álgidos en materia de telecomunicaciones. Mientras que los proveedores de internet sostienen que la neutralidad desincentiva la innovación y las inversiones en la red, los usuarios y proveedores de contenido abogan por su plena aplicación, pues así se garantizan la trasparencia, la libre expresión y la competencia en internet.
El asunto tiene trascendentales aplicaciones prácticas en el bienestar de los consumidores. En 2019, una investigación del gobierno de EE. UU. demostró que AT&T incurría en prácticas en contra de la neutralidad de red, como disminuir intencionalmente la velocidad de acceso de sus usuarios móviles en planes ilimitados cuando ellos consumían demasiados datos. Para evitar cuantiosas sanciones, el operador se vio forzado a reembolsar a sus clientes US$ 60 millones.
Durante el gobierno de Trump, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), gracias a la mayoría republicana, logró desvirtuar considerablemente la aplicación de ese principio en EE. UU., a lo que se opusieron algunos estados federales expidiendo su propia legislación, entre ellos California. El mes pasado un juez bendijo esa legislación estatal. Ahora, con la llegada al poder de los demócratas, se espera que otra vez este vuelva a aplicarse en toda su extensión, el principio de neutralidad de red, lo que sin duda molestará a los grandes operadores.
A propósito, el viernes pasado el presidente Biden nombró a Tim Wu como su asistente especial en temas de competencia y tecnología. Esta designación de quien es un firme opositor de las prácticas anticompetitivas de las Big Tech es una clara señal de que en el nuevo gobierno estas empresas enfrentarían una fuerte embestida regulatoria y eventualmente su desintegración, como en el caso de Facebook.
