En 1983 se estrenaba el glamuroso gobierno socialista de Felipe González y comenzaba el “milagro” que situaría a España dentro de las primeras economías del mundo.
En medio de la hilaridad de la nueva riqueza emergió el grupo industrial y financiero Rumasa, a cuya cabeza estaba el Marqués de Olivara, don José María Ruiz-Mateos, oveja negra del Opus Dei, también empresario de vinos y otras bebidas espirituosas.
Ese año, en la madrugada del 23 de febrero, la policía allanó en Madrid las oficinas principales del grupo debido a su quiebra técnica y al fraude a sus acreedores y ahorristas. Comenzó así un zarzuelero proceso de expropiación —aún en suspenso— de un imperio que en su cenit alcanzó a tener más 65.000 empleados y una facturación anual cercana a tres mil millones de dólares. Casi treinta años después, ahora en medio del desinfle de la economía española, revivió la familia Ruiz-Mateos, a través de la Nueva Rumasa en los sectores de alimentos, bebidas y hotelería. En 2009, con el fin de apalancar nuevas adquisiciones, se lanzó a captar dinero del público a través de pagarés con una rentabilidad garantizada del 8% anual.
En las últimas semanas, lo que quedaba del antiguo imperio empezó a hacer agua en medio de acusaciones de estafa, pánico del público y preocupación de las autoridades económicas. Hoy el Marqués y su familia imploran a la familia Botín, accionista mayoritaria del Banco Santander, que les lancen un salvavidas para evitar una nueva quiebra. Como garantía ofrecen todo su brandy de Jerez.
En Colombia, durante el pasado gobierno, la complicidad de buena parte de la sociedad y la connivencia del Ejecutivo y de la Fiscalía frente a los imperios de lodo de los Nule y de DMG, generan hoy un tsunami. El debate jurídico es entre la responsabilidad del Estado y la ingenuidad y oportunismo imprudente de los damnificados.
Ojalá la Rama Judicial lo resuelva con probidad y presteza. Debería considerarse la posibilidad de crear con urgencia una jurisdicción especial o alguna medida equivalente. Hay que evitar que abogados y jueces corruptos, como en algunos casos de pensiones y reclamaciones laborales y contractuales, se alíen para esquilmar una vez más el dinero público.
