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“La protección constitucional del ciudadano”

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Juan Carlos Gómez
20 de febrero de 2023 - 05:00 a. m.
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En su libro “La protección constitucional del ciudadano” (2004), Juan Carlos Esguerra realiza un estudio formidable sobre los diversos medios de defensa que ofrece nuestro ordenamiento jurídico para enfrentar los abusos del poder, muchos de los cuales no existen en países considerados más democráticos que el nuestro: la acción de tutela, las acciones populares y de grupo, la presunción de buena fe, la acción de cumplimiento, la responsabilidad patrimonial del Estado, la acción y la excepción de inconstitucionalidad, el recorte de la potestad reglamentaria y la suspensión provisional.

A pesar de lo endeble que a veces luce nuestra democracia, gracias a estos mecanismos y a los jueces de la República de todos los niveles y jurisdicciones, millones de ciudadanos han visto garantizados sus derechos.

La desconfianza, el escepticismo y el desprestigio corroen a todas las ramas, pero, el “ethos” de la jurisdiccional la hace excepcional respecto a los otros poderes del Estado. Aunque es jerárquica, es diversa y se dispersa a lo largo y ancho del país. Nadie se puede sentar a negociar con ella como un todo; no se declara opositora o colaboradora del Gobierno y, aunque existan algunos jueces y magistrados corruptos, la rama orgánicamente no se vende por puestos ni prebendas. Ni siquiera se puede distinguir en ella, por ahora, un sesgo ideológico mayoritario como para acusarla de militante.

Entre esos medios de defensa que tiene el ciudadano para defenderse del poder Ejecutivo, ojalá el trámite judicial de la suspensión provisional de los actos administrativos fuera más inmediato y tuviera un carácter autónomo, como sí lo tiene la acción de tutela. No obstante, el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011 faculta a los jueces a adoptar medidas cautelares de urgencia, algo que no ha sido muy usual debido a que a esta figura “la han conducido siempre con las riendas demasiado cortas” —tomando las palabras del profesor Esguerra—.

El recto y oportuno control judicial de los actos administrativos del presidente Petro frente a tantos temas críticos —como las tarifas de los servicios públicos— evitaría que las decisiones políticas anclen en la incertidumbre a nuestra ya precaria economía.

@jcgomez_j

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